La defensa del principal imputado del caso Antipulpo, Juan Alexis Medina, afirmó que llevar a la jurisdicción penal de índole administrativa, no lo debe de ver un tribunal penal y que venderle al Estado y ser hermano del presidente de la República no constituye delito.
Carlos Salcedo argumentó que si el Ministerio Público dijo en su lectura de la acusación de que “la empresa hizo negociaciones mal con el Estado”, debe de verlo el tribunal que le compete. Manifestó que espera que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se declare incompetente para conocer este caso.
Resaltó además de que la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), realizó una acusación “vacía” y por lo tanto desde la óptica procesal penal es una historia mal contada.
El abogado explicó que, en esta etapa de la audiencia preliminar, el juez conoce dos partes, una es las formalidades sustanciales que deben de observarse en el proceso de investigación y a su cliente no le fue debidamente informado. Aseguró que se dio a la tarea de intimar al Ministerio Público para que le sean entregadas las evidencias que tenía en contra de su cliente y solo le fue entregada una pequeña parte que equivale al 1 %.
Se espera que luego de concluir la defensa material por parte de su abogado, el señalado Juan Alexis Medina asuma su defensa técnica. Este es el primer día de los alegatos de la defensa de este imputado de los tres que se tiene establecido para defenderse de la acusación del órgano persecutor.
La acusación del caso presentada por la PEPCA contiene unas 3,445 páginas, en donde establece la supuesta corrupción administrativa.
Además de Juan Alexis Medina Sánchez, se encuentran como encartados la exvicepresidenta del Fonper, Carmen Magalys Medina Sánchez, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
Esta como señalado Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz. Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
El órgano de la persecución presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.