El Ministerio Público acusa a la diputada Rosa Amalia Pilarte de presunto lavado de activos y narcotráfico, por lo que el organismo ha solicitudado apertura a juicio e imposición de medida de coerción.
En la documentación depositada ante el magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, el órgano persecutor establece la manera en la que la diputada por La Vega operaba junto a su esposo y también acusado Miguel Arturo López Florencio (Miky López).
El expediente explica que el acusado, deportado y prófugo declarado en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier, en el circuito de lavado de activos desarrollado para ocultar los bienes de procedencia ilícita de la organización criminal, contó con la participación del acusado Micky López y la esposa.
Pilarte López recibió sumas millonarias por parte de la empresa Serví Crédito Gloria Ivette, S.R.L. controlada por los acusados Micky López y José Miguel López Pilarte, esposo e hijo.
De acuerdo al órgano persecutor Pilarte López, adquirió varios productos bancarios que se utilizaron en el desarrollo de un circuito de lavado de activos, que tuvo la finalidad de ocultar el real origen de fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas de la red criminal, través del cual movilizó la suma de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos pesos .
En este supuesto entramado Micky López, tuvo el rol de contribuir con la colocación en el sistema financiero nacional de la suma de cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones trescientos noventa y nueve mil trescientos doce pesos.
El Ministerio Público establece que la diputada solo había generado RD$ 13,571,307 por su trabajo formal como odontóloga, y por lícito por concepto de salarios, hasta el año 2021, según constan informaciones adquiridas a través de la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos.
En este proceso el Ministerio Público solicita al juez de la Suprema Corte la presentación de la acusación, la apertura a juicio y la imposición de medida de coerción.