A propósito de que el próximo domingo 27 el presidente Luis Abinader ofrecerá su segunda Rendición de Cuentas, uno de los temas claves de su discurso en el 2021 fue la independencia del Ministerio Público.

En esa ocasión, el mandatario reafirmó su compromiso con ese objetivo, al destacar la designación "un Ministerio Público políticamente independiente", con Miriam Germán Brito a la cabeza.

"Posiblemente el cambio más radical que haya experimentado nuestra democracia en los últimos años. Aquí quiero subrayar también que no solo se ha promovido su independencia política, sino que se le ha dado todo el apoyo económico necesario para que puedan operar con la mayor eficiencia posible", manifestó el 27 de febrero del 2021.

Sobre el tema, Acento consultó al profesor Antonio Medina Calcaño, vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y a la coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, quienes tienen opiniones diversas.

Para Medina Calcaño, históricamente, los gobiernos no han cumplido con la asignación presupuestaria establecida en las leyes dominicanas para las dependencias que imparten justicia, lo que afecta directamente la independencia de ese poder del Estado.

Resalta que, de acuerdo a la Constitución, al Poder Judicial le es asignando el 4.10 % de los ingresos internos, mientras que un 65 % debe ir para la Suprema Corte de Justicia y un 35 % corresponde al Ministerio Público.

Sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar la Constitución de la República, el catedrático entiende que la misma se hace necesaria, pero abordando algunos temas pendientes en la agenda nacional, y en la que se contemplen cambios en la estructura del Ministerio Público.

Se mostró de acuerdo con la creación de un Ministerio de Justicia, el cual sería responsable de administrar el sistema penitenciario, además de orientar el proceso de reformas institucionales de la justicia, entre otros roles.

“Se crearía la figura de un Fiscal General o Procurador General que sería responsable de la persecución criminal y dirigir la política de seguridad pública, el cual sería escogido por un procedimiento similar al seguido en la selección de las Altas Cortes o por otro que se establezca al respecto”, afirmó Medina Calcaño.

Asimismo, cree que se debe modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, integrando nuevos actores, como el Rector o Rectora de la UASD, el Colegio de Abogados y una representación de la sociedad civil.

Mientras que la coordinadora general de Participación Ciudadana cree que República Dominicana vive momentos históricos, ya que “por primera vez los órganos llamados a controlar, fiscalizar y perseguir la corrupción, nos han devuelto las esperanzas con su accionar de que podamos aspirar a un país más transparente y donde haya consecuencias”.

Blanco García señala que el trabajo actual del Ministerio Público está apegado a la independencia que debe tener ese órgano, debido al proceso que se ha iniciado para poner fin a la impunidad en el país.

“Esto es el resultado de una sociedad que despertó del letargo, la indiferencia, de una sociedad que apelaba al conformismo, no somos los de ayer; y eso hace que la misma sociedad exija no solo independencia de la justicia, pida sentencia ejemplarizadoras, pero en consecuencia mayor también mayor asignación presupuestaria para que esos órganos mantengan su eficiencia y efectividad”, expresa.

“Aspiramos a jueces valientes que no se dejen manipular por presiones malsanas, a jueces que apliquen la ley con verdadera imparcialidad y garantizando el debido proceso. También mejorar la eficiencia con que se maneja el conocido por obstáculos burocráticos se traducen en denegación de derechos”, precisa.