El mercado de municiones enfrenta desabastecimiento y registra aumentos desproporcionados en los precios de proyectiles para armas cortas, tras la reciente desarticulación de la red delictiva que robaba municiones de la Policía Nacional para venderlas en el mercado local y a bandas criminales en Haití.
Comerciantes del sector reportan un desabastecimiento casi total de municiones para revólveres y pistolas, con un aumento de precios del 70% en el mercado legal y del 100% en el ilegal, donde la demanda supera ampliamente la oferta.
"Antes del desmantelamiento de la banda que robaba municiones de la Policía Nacional, una caja de proyectiles para pistola costaba entre 6,500 y 7,000 pesos. Ahora, en tiendas autorizadas, su precio supera los 12,000 pesos, mientras que en el mercado clandestino puede llegar hasta 14,000 pesos por una caja de 50 balas", según una fuente del mercado de armas y municiones que prefirió permanecer en el anonimato.
Durante las investigaciones de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), se descubrió que numerosas armerías reguladas se abastecían de municiones robadas de los depósitos de la Policía Nacional; sin embargo, los nombres de los propietarios de estas armerías no figuran en el expediente.
Marcaje en los proyectiles vendidos en Haití
En cuanto a la venta en Haití, las autoridades haitianas detectaron municiones dominicanas vendidas a bandas criminales en esa nación, gracias al marcaje en el "culote" de los proyectiles usados, que incluye el nombre del fabricante, calibre, año de fabricación, número de lote y los dígitos que identifican a la República Dominicana como país importador.
La Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece en el artículo 10, párrafo III lo siguiente:
"Las cajas y embalajes de munición contendrán la información mencionada en el párrafo anterior. Las cajas de munición destinadas a la exportación contendrán la información citada en el párrafo anterior, así como el nombre, ciudad y país del importador, y el año y mes de importación."
En cambio, las municiones importadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos de seguridad del Estado no requieren estas especificaciones, ya que se consideran material de defensa y seguridad, según el protocolo.
Armerías compraron municiones robadas
En noviembre pasado, la Procuraduría General de la República llevó a cabo un operativo que resultó en la captura de nueve miembros de la Policía Nacional y una civil, acusados de formar parte de una red que robó 900,000 proyectiles de los depósitos bélicos de esa institución.
La importación de municiones y armas de fuego está prohibida desde 2006, cuando el expresidente Leonel Fernández emitió el Decreto 309-06. Sin embargo, muchas armerías, tanto legales como ilegales, logran adquirirlas de forma ilícita, como se evidenció en el reciente caso policial.
Aumenta el mercado clandestino
El creciente mercado clandestino que ha surgido tras la prohibición ha generado un tráfico incontrolable de armas y municiones desde Estados Unidos, principalmente operado por dominicanos que las envían ocultas en mudanzas y envíos puerta a puerta, sin que las autoridades puedan ejercer control.
La semana pasada, el Ministerio de Interior y Policía se reunió con la Asociación de Importadores y Vendedores de Armas de Fuego (ADIVAF) para abordar el tema de las armerías ilegales, agilizar la renovación de permisos de armas y crear una comisión interinstitucional encargada de temas pendientes, como la actualización del catálogo de armas y municiones.
Antes de la prohibición de importaciones de armas y municiones, había 84 armerías reguladas en el país; actualmente, solo operan aproximadamente 45, mientras que las demás han quebrado o salido del negocio.
En cambio, se considera que la veda ha dado lugar a un incremento del mercado clandestino de armas y municiones, que se abastece del tráfico ilícito y está dirigido principalmente a organizaciones criminales que pagan el doble del precio de un arma y una caja de balas.
"En 2006, una caja de proyectiles de 9 mm costaba en Estados Unidos entre 10 y 12 dólares, más impuestos de importación de 800 a 900 pesos, y se vendía en el país por unos 2,300 pesos. Sin embargo, en el mercado clandestino estas municiones se ofrecen hoy por hasta 14,000 pesos, lo que favorece un lucrativo negocio que fomenta el tráfico hacia la República Dominicana", según la fuente.
Municiones traídas desde Centro y Sudamérica
En varias escenas de crímenes, las autoridades especializadas han reportado la presencia de casquillos de balas con la indicación de que fueron exportados desde Estados Unidos para países de Centro y Sudamérica, como Colombia, Panamá, Perú y México, y que entraron a territorio dominicano de forma ilegal asociada al crimen transnacional.
Las autoridades aduaneras confiscan cada año armas de diversos calibres y miles de municiones, que suelen terminar en manos de criminales, sin que las autoridades tengan control o registro de las mismas.
Propuesta de amnistía para entrega de armas
Expertos han propuesto que el Ministerio de Interior y Policía implemente una amnistía para la legalización y registro de armas cortas ingresadas al país tras la prohibición de 2006, así como las de uso exclusivo militar, permitiendo su entrega sin consecuencias penales.
La ministra Faride Raful ha prometido desmantelar las armerías ilegales que operan en varias ciudades del país, abasteciéndose de armas y municiones contrabandeadas, lo que representa un peligro para la seguridad nacional y ciudadana.
Las autoridades dominicanas, con la colaboración de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), están implementando controles en mudanzas y envíos a la República Dominicana para frenar el tráfico ilícito de armas y municiones.