Una comisión fue anunciada este lunes para tratar el conflicto surgido por el reasentamiento de las comunidades afectadas por los trabajos mineros realizado en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, donde opera Barrick Pueblo Viejo, subsidiaria de la canadiense Barrick Gold.
La comisión estará integrada por representantes del Gobierno, las comunidades y la empresa minera, y contará con la participación de la Iglesia y del Defensor del Pueblo "como garantes éticos y constitucionales", de acuerdo con un comunicado de Energía y Minas, que informó de que en el encuentro también estuvieron el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; y la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Juana Barceló.
Las partes acordaron, además, retomar las conversaciones el próximo miércoles 15 de enero en el obispado de La Vega, con el objetivo de alcanzar una solución integral en un plazo de dos semanas.
El ministro Joel Santos subrayó la importancia de atender las preocupaciones de las comunidades para lograr acuerdos concretos.
"Hay muchas aristas en este tema, pero debemos elegir los escenarios adecuados para abordarlas. Nuestro enfoque está en garantizar soluciones justas para las comunidades y beneficios para el país", declaró.