El informe de la Contraloría General de la República (CGR) en relación con la auditoría realizada al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) muestra que incurrió en gastos por RD$ 359,332,527 sin la debida supervisión y control interno.
El consumo en la entidad oficial se registró entre septiembre de 2021 y abril de 2022, en la administración del mayor general Celín Rubio Terrero, y en la cual se habría generado malversación y desvíos de recursos públicos, de acuerdo con las anomalías detectadas en la auditoria.
La Contraloría evaluó el estado financiero de los siguientes rublos: cómo se manejan las nóminas, el presupuesto, la tesorería, los activos fijos y las conciliaciones bancarias, según indica el informe general.
Los gastos del (CUSEP) durante el período de auditoría consistieron en la asignación de servicios personales, contrataciones de servicios adicionales,
así como en la adquisición de materiales y suministros, y en bienes muebles e inmuebles e intangibles, equivalentes a RD$ 359,332,527.
En estas operaciones, los auditores detectaron irregularidades financieras y contables que trasguearen la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, la 139-13 Orgánica de las Fuerzas Armadas, así como la 41-08 de Función Pública, la 10-07 del Sistema de Control Interno de la Contraloría General y otras, refiere el informe.
Según la auditoría, el CUSEP administra fondos de partidas asignadas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia; y conforme a la auditoría, la entidad no hace estados financieros ni elabora un resumen ejecutivo que muestre su situación financiera, lo cual indica que no transparenta el gasto.
La contraloría señala en su informe, que debido a que la entidad no elabora estados financieros mensuales que evidencien de manera oportuna su situación económica y financiera, le resultó imposible evaluar el desempeño económico de la institución y medir el buen uso de los recursos públicos.
El informe sobre la investigación financiera indica que el CUSEP no cuenta con manuales ni políticas organizacionales, lo cual, según la contraloría, ha provocado que las funciones administrativas de la entidad carezcan de control interno (lo que sería un riesgo en la administración de recursos).
Según el documento de la controlaría, los fondos manejados en el transcurso del periodo de auditoría no fueron registrados en los sistemas integrados de Tesorería, Contabilidad Gubernamental y de Gestión Financiera del Estado, siendo más de 359,3 millones de pesos consumidos sin control ni supervisión interna.
“La Institución no se encuentra presente en los reportes del gasto público y no cuenta con Unidad de auditoría Interna (UAI) que regule el control interno, en violación a La Ley No.5-07 del Sistema de Administración Financiera del Estado”.