El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a varios de los imputados en la red de trata de personas con fines de explotación sexual denominada por el Ministerio Público como Operación Catleya.
“La decisión emitida por el Cuarto Juzgado de la Instrucción en el día de hoy, es acorde a la normativa procesal penal y la Constitución de la República”, indicó el fiscal Eduardo Velázquez, al ser abordado por la prensa a su salida del tribunal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El representante del Ministerio Público explicó que en el caso de los imputados Cristina Virginia González Hernánde, María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene, Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato) y Zafiro Nataly Sánchez González, al igual que Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), estos interpusieron recursos de apelación, lo que según el artículo 239 interrumpe el proceso con relación a la revisión obligatoria de la medida cautelar.
En cuanto a los imputados José Miguel Micheli, Ángelica Quintero Niño y Daniel Enrique Inirio Abreu, explicó que la jueza Altagracia Ramírez, quien por cuestiones de espacio conoció la audiencia de este lunes en la Octava Sala Penal, no encontró méritos en los argumentos presentados por las defensas que sustentaran una variación de la medida cautelar.
El miembro de Persecución del órgano de justicia precisó que la magistrada le mantiene la prisión preventiva por entender que los presupuestos que ellos aportaron en audiencia son insuficientes y poco útiles en contrapeso con la gravedad de los hechos, la pena a imponer y el daño a resarcir por eso le mantuvo la prisión preventiva a estos tres y le fijó la revisión obligatoria para el 28 de febrero del 2023 .
Velázquez estuvo acompañado en audiencia por las fiscales Belkis Ulloa y Ginna Matías, de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
El litigante señaló además que “el Ministerio Público en su momento procesal depositará el acto conclusivo, que es la respectiva acta de acusación en contra de estos imputados”.
Por su implicación en la red desmantelada en Operación Catleya guardan prisión los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), Oscar Wicene, María Paula Murillo Vargas, Cristina Virginia González Hernández, Angélica Jhoana Quintero Niño, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Zafiro Nataly Sánchez González y al sargento Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Estos cumplen la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo, así como en los centros penitenciarios de Higüey, en la provincia La Altagracia, Najayo Mujeres, en San Cristóbal, y en Operaciones Especiales.
A los imputados Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee le fue impuesta la presentación de una garantía económica de un millón de pesos, en tanto que una garantía económica de RD$500 mil para Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores) y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), a quienes además le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
Mientras que a Melvin José Valentín Peguero le fue impuesta presentación periódica, además de impedimento de salir del país.
Los hoteles involucrados en el proceso son Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves 4 de agosto la operación Catleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.