El Segundo Tribunal Colegiado de Santiago impuso condenas de 20, 15, 10 y 7 años para los cinco imputados por trata de personas agravada, lavado de activos y otros ilícitos en el proceso conocido como Casa Blanca Night Club.
De acuerdo a la decisión del tribunal, Juan Antonio Fernández Fernández deberá cumplir una condena de 20 años de reclusión mayor, además de pagar una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de RD$ 14,000,000 en favor de dos de las víctimas.
Mientras que la imputada Grismelda Acarilis Merejo Salas deberá cumplir 15 años de prisión y pagar 175 salarios mínimos; María Magdalena Bautista Bautista fue sentenciada a 10 años de cárcel y el pago de 50 salarios mínimos.
Asimismo, Jolvert José Ramírez y Jairo Rafael Correa tendrán que cumplir penas de siete años de cárce y pagar 75 salarios mínimos.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y la Fiscalía de Santiago desarticuló el grupo delictivo, acusándolo de haber explotado sexualmente a unas 45 mujeres víctimas de este flagelo.
Los imputados recibieron la sentencia por haber subsumido su conducta en la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Sustancias Controladas y otras Infracciones graves, así como la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas.
El Ministerio Público informó que presentó pruebas de diferentes naturalezas que le permitieron probar que los miembros de la desarticulada organización criminal se dedicaban a captar, transportar, trasladar, receptar y acoger a mujeres en extremadas condiciones de vulnerabilidad de países como Colombia y Venezuela.
Las mujeres eran explotadas sexualmente, además, de ser sometidas a condiciones de coacción y amenazas, afectando la dignidad de estas víctimas, para lucrarse con su explotación.
Al dictar la sentencia, el tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Castillo (presidente), Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, enfatizó la gravedad de la trata de personas, y la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de este delito.
Por el Ministerio Público litigaron el proceso Juan Medina de los Santos (procurador adjunto), la fiscal Marinel Brea Tejeda y Madeline Nuñez Imbert, del Departamento de Asistencia a Víctimas de Trata de la Procuraduría Especializada que persigue este delito, quien asistió legalmente, y de forma gratuita, a las víctimas.