La barra de la defensa del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Gonzalo Castillo explicó que las pruebas del Ministerio Público y el testimonio de varios procesados, que actualmente colaboran con el órgano persecutor, desmontan las acusaciones que se hacen a su cliente en el caso Calamar.

Los abogados del también excandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmaron que los argumentos de la fiscalía tienen serias incongruencias que desvirtúan las imputaciones.

“Las declaraciones que el Ministerio Público admitió, que fueron distintas o más de lo que esperaban de las personas ayer que decidieron cambiar su exposición, son incompatibles con las pretensiones del Ministerio Público”, precisó el jurista Nassef Perdomo.

El jurista añadió que una de las debilidades de esta acusación es que, mientras la parte acusadora sostiene que el principal objetivo era desviar fondos para la campaña electoral de Gonzalo Castillo en 2019, los colaboradores manifestaron que la presunta red operaba desde 2013.

Mientras que Laura Acosta, también representante de Castillo, subrayó que si es correcta la teoría del Ministerio Público de que el presunto entramado inició en 2019 por una reunión, no deberían haber dentro de las evidencias contratos de Cuota Litis de años pasados, firmados por personas del entramado.

“El señor Ángel Lockward dijo que ciertas personas fueron a su oficina a firmar un Cuota Litis cuando supuestamente el señor Crisóstomo le dice que tiene una manera de sacar los pagos rápidos y resulta que en las pruebas del Ministerio Público hay contratos de Cuota Litis de 2017, 2016, 2015, 2018, 2014…”, manifestó.

En tanto, el abogado Luis Miguel Rivas identificó que otra de las inconsistencias del caso, se demostró en la ponencia del imputado Marcial Reyes en la audiencia del pasado viernes.

"Hay uno de ellos específicamente que a nosotros nos beneficia (Marcial Reyes), nos encantó esas declaraciones y fue un señor que declaró que en el 2015, cuando Gonzalo ni pensaba ser candidato, ya él había ido a una oficina y lo pusieron a firmar unos documentos", expresó.

Dice Gonzalo salió endeudado de la función pública

La abogada Laura Acosta también afirmó que Gonzalo Castillo salió de la función pública "con deudas que superan los 2,700 millones de pesos".

La jurista explicó que presentaron estados financieros y otros documentos que demuestran que Castillo no puede ser acusado de enriquecimiento ilícito.

“Presentamos cómo entró Gonzalo Castillo a la función pública con deudas por 40 millones de dólares y salió con deudas por 5,000 millones de pesos”, destacó.

Acosta calificó a Castillo como “un funcionario público a quién no se le puede atribuir enriquecimiento ilícito cuando lo que hizo en la función pública fue endeudarse”.