La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), planteó algunos desafíos y tareas pendientes que deberá enfrentar en el país este 2025, entre ellos: el fortalecimiento institucional, el código penal, el fortalecimiento de los sistemas de salud y educación, así como el sistema penitenciario.
Indicó que entre los logros del pasado año, está que República Dominicana cerró con un crecimiento sostenible, pasando de ser un país de renta baja a uno de renta media, lo que ha producido una expansión considerable de la clase media y una reducción significativa de la pobreza.
Sin embargo, dijo que junto a esos logros, hay importantes tareas pendientes: el fortalecimiento institucional, la mejora en el gasto público, mayor transparencia, reducción de la corrupción, continuar expandiendo la infraestructura y fortalecer los sistemas de educación, salud pública y seguridad social. “La República Dominicana ha tenido un modelo exitoso, lo que no quiere decir que esté exento de problemas y desafíos”.
”Dentro de los retos más visibles vinculados con las metas anteriores, encontramos la necesidad de fortalecer la fiscalidad del Estado para reducir el déficit tanto fiscal como cuasi fiscal, que permitiría un manejo más idóneo y sustentable de la deuda pública, al tiempo que se realizan las reformas integrales en materia impositiva que faciliten las mejoras en el gasto público, se incremente el ahorro y la inversión, entre otros aspectos medulares”; sostuvo
Asimismo, resaltó que ve positivamente la consolidación de la figura del Procurador General de la República, asegurar su imparcialidad y arbitrariedad separándole del proselitismo político y excluirla del Consejo Nacional de la Magistratura, “son pasos significativos para el buen funcionamiento del sistema judicial”. Aun así, dijo que si bien se propone una estructura que le desvincule de la práctica política y aumente su imparcialidad, deben ponderarse mecanismos suficientes que aseguren su debida rendición de cuentas y el buen ejercicio de sus funciones.
Otro aspecto relevante es la reducción de la matrícula de la Cámara de Diputados. Finjus considera que la permanencia del bicameralismo en un Estado unitario y descentralizado es un tema que debe discutirse.
Código penal
Un desafío del 2025 para la comunidad jurídica y especialmente para el Poder Legislativo, es , según Finjus, aunar esfuerzos en torno a la revisión, aprobación e implementación del Proyecto de Código Penal, cuyo conocimiento resultó sin éxito durante el 2024.
La modificación y actualización de la legislación penal es urgente, pues reflejaría los cambios sociales y las nuevas formas en las que pueden prevenirse los delitos. Con la reforma del Código Penal se impulsaría el desarrollo de la política criminal que contribuya a la eficiencia del sistema de justicia al proporcionar coherencia y claridad en la aplicación de las normas.
Consideró, que el Estado tiene, en ese sentido, la obligación de generar políticas que permitan el control de los delitos, siendo una función esencial del mismo la protección efectiva dentro de marcos compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de toda la población. “La aplicabilidad de la legislación penal puede ser compleja si no se proporciona un modelo uniforme que gestione adecuadamente los cambios sociales y las interpretaciones judiciales, reflejando la continua búsqueda del equilibrio entre la justicia, los derechos individuales y la seguridad”.
Desde FINJUS resaltamos la importancia, esfuerzo y trabajo de presentar una regulación penal acorde a los tiempos y a las necesidades del sistema. Comprender la importancia del alcance de la política penal es esencial para combatir eficazmente la criminalidad, al tiempo que se respete la dignidad y los derechos de las personas. En tal sentido, valoramos los avances que representaría conocer las modificaciones al Código Penal. De igual forma, es justo advertir que es necesario que la pieza se estudie de manera conjunta a la normativa procesal penal, al igual que las leyes especiales que rigen el derecho administrativo, ya que solo así se evitará crear una normativa que, luego de promulgada, pueda chocar directa o indirectamente con otras conquistas del derecho moderno.
Sobre el sistema penitenciario
En su comunicado de evaluación del año y retos del 2025; Finjus consideró que un sistema legal ambiguo, complejo y desactualizado es una barrera de acceso para una gran parte de la ciudadanía.
Dijo que ha insistido en que el Estado y la sociedad deben actuar conjuntamente para definir las políticas y programas que sirvan para mejorar el agudo déficit que presenta el sistema penitenciario. “Cada día parece diluirse el objetivo del sistema penitenciario, que no es otro que garantizar el cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal y crear las condiciones para su posterior reinserción social”.
Sostuvo que el análisis del actual sistema penitenciario refleja deficiencias agudas relacionados con los principios, estructuras y normas que deben caracterizar a cualquier organización social moderna en el marco de la democracia.
Para revertir esta situación es urgente rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen las condiciones de salud, educación y vida digna que la Constitución y las leyes establecen que deben existir en los recintos penitenciarios. La reforma del sistema penitenciario es un reto que, de forma clara y contundente, no puede ser simplemente cosmética y para ser exitosa debe abordarse con una visión de derechos que permita las condiciones para la vida digna.