La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, reveló que por primera vez ha sido sancionado un caso de colusión en contrataciones públicas, protagonizado por dos empresas con los mismos socios que pretendieron distribuir insumos para la elaboración de alimentos destinados a las cárceles.
Vásquez Taveras destacó que entre los hallazgos que sirvieron de base para detectar el esquema "colusorio" entre las empresas participantes figuran, además de que los accionistas son de un mismo núcleo familiar, la coincidencia en los precios y productos ofertados, así como la representación mutua en la fase de ejecución contractual.
Sin mencionar los nombres de las empresas involucradas, sostuvo que detectar el dolo "fue posible gracias a la entidad pública donde se desarrolló esta práctica anticompetentiva, pero también a la colaboración que hemos logrado con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)".
Agregó que las empresas fueron sancionadas conforme a la normativa y que la estimación del daño producido se calculó sobre la base de las fórmulas económicas que la institución ha publicado en sus guías metodológicas, las que destacó que "dotan de seguridad jurídica y certeza los procesos sancionadores de la institución".
La detección del dolo y el castigo fue valorado y reconocido por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, quien se refirió a la sanción del primer caso de colusión como un "éxito" en la gestión de Vásquez Taveras.
"Hace años que se creó ProCompetencia y es ahora cuando comienza a funcionar. Es importante que se hable de colusión y por primera vez aquí tenemos sentencia de esta práctica anticompetitiva", expresó Ortiz Bosch.
Ambas funcionarias coincidieron en el conversatorio ProCompetencia: Mejores prácticas en Cumplimiento Normativo y Transparencia, en Punta Cana, se reveló en un comunicado gubernamental.