Después de seis años, este lunes llegó a su fin el proceso seguido contra los imputados acusados en el caso de corrupción en la compra de los aviones Super Tucano, quienes fueron favorecidos con una sentencia absolutoria parte del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Pero, ¿qué tomaron en cuenta las magistradas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez para emitir este dictamen?
Lo principal fue el hecho de que, de acuerdo al tribunal, el Ministerio Público no presentó las pruebas que vinculaban al mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor, con los supuestos sobornos hechos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).
"Los únicos elementos probatorios que podrían vincular la operación de 4D Business Group a los imputados son una hoja escrita a maquinilla, ocupada en un allanamiento y los documentos de delación internacional; pero esta no logra la vinculación esperada. La hoja de maquinilla no le ha merecido confianza al tribunal", dice la sentencia leída por la jueza Arlín Ventura.
Asimismo, el tribunal precisó que, si se parte del esquema presentado por el Ministerio Público, Peña Antonio y Carlos Piccini eran los responsables de presentar el proyecto y colocar a Embraer como compañía idónea para la compra se los Super Tucano.
"Esto nos lleva a considerar que el compromiso de los imputados era el de convencer a la autoridad pertinenete de que Embraer era la compañía idónea; que por tratarse de una compra de Estado es el presidente de la Repúlica (que en ese momento era Leonel Fernández) a quien había que convencer para la firma del contrato".
Sin embargo, las juezas precisaron que quien tenía la facultad legal de presentar el proyecto ante el presidente no era Peña Antonio, como jefe de estado mayor, sino que jerárquicamente hablando correspondía al secretario de las Fuerzas Armadas de entonces.
De igual manera, las magistradas indicaron que, por tratarse de una compra de Estado, no bastaba con que el presidente de la República firmara el contrato, sino que conforme a la Constitución de la República, luego del mandatario tener interés en la compra, Pedro Antonio, como autor del supuesto delito necesitada la voluntad del Congreso Nacional para que aprobara la decisión del jefe de Estado en la compra de los aviones.
Ante este escenario de jerarquía, precisa la sentencia, la posición que ocupaba Pedro Antonio para el año 2007, cuando se firmó el contrato, era la de menor jerarquía en la línea de atribuciones.
"No se han presentado pruebas de que Pedro Antonio tenía contactos de influencia en el poder ejecutivo y en el Congreso, que llevaron al tribunal a determinar que él tuviera el poder de incidir en la toma de decisiones del presidente y de los legisladores, para así agenciarse la confianza de Embraer de entregar, a él solo, 3 millones 500 mil dólares como ha dicho el Ministerio Público, sin contar con la autoridad y atribución necesaria en una compra de Estado".
Igualmente, las magistradas establecieron que quedó demostrado que tanto Embraer como las otras dos compañías tenían relaciones comerciales con las Fuerzas Armadas, "por lo que no resulta ilógico pensar que llegaran a coincidir algunas operaciones, pues el contrato con Embraer no se limitaba a la venta de los aviones, sino que existían otras condiciones".
En sus conclusiones, las juezas fueron categóricas en afirmar: "vale destacar que los tribuanles no están para dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Los adversarios tienen a los tribunales en igualdad de condiciones, a dar lo mejor de sí, y son las pruebas las que al final dirán que procede y no procede".
