A solicitud del Ministerio Público la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, suspendió la vista de apelación a la medida contra el expresidente y exvicepresidenta del Fonper, Fernando Rosa y Magalys Medina, imputados en caso Antipulpo.
Los jueces no conocieron la audiencia, a los fines de que el órgano persecutor conozca los escritos de los recursos aportados por las defensas.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dijo que el tribunal el 2 de noviembre a las 9:00 de la mañana la nueva audiencia.
Con este recurso las barras de las defensas de Medina Sánchez y Rosa Rosa, buscan el cese del arresto domiciliario que pesa en contra de los dos acusados.
En tanto, el abogado de Fernando Rosa, aseguró que dicha documentación fue notificada al Ministerio Público el 12 de octubre.
Gabriel Brugal, aseguró que su cliente cuenta con méritos suficientes para la eliminación de la medida. Detalló que Rosa recibió una medida de coerción el 6 de diciembre del año 2020 y que en ese momento la justificación fue que presentaba peligro para la investigación y que al día de hoy ha variado, ya que al día de hoy se encuentra una acusación presentada.
Destacó que su defendido "cuenta con más de 30 meses privada de su libertad de tránsito".
La acusación del caso presentado por la PEPCA y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público consta de unas 3,445 páginas, y además de Carmen Magaly Medina, exvicepresidenta del Fonper, está involucrado el otro hermano de Danilo, Juan Alexis Medina Sánchez, y otras 27 personas.
De acuerdo al Ministerio Público los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.