Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, aplazaron la audiencia del juicio de fondo contra los implicados en caso Antipulpo, por inasistencia de varios abogados de la defensa.
Las magistradas fijaron la nueva fecha para el 22 de abril a las 9:00 de la mañana.
En el día de hoy se tenía previsto que el Ministerio Público presentara como testigo a José Rijo Presbot, director general de Presupuesto.
El órgano persecutor, en la audiencia pasada, comunicó al tribunal que había llegado a un acuerdo con el encartado en este proceso, el exdirector técnico de la Oficina Supervisora de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Mateo.
El ex funcionario de OISOE se declaró culpable por haber cometido soborno, desviación de fondos, falsificación, desfalco, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, tráfico de influencia, enriquecimiento injustificado y lavado de activo proveniente de la corrupción.
En esa misma vista Encarnación Mateo explicó al tribunal la manera en que se cometían algunas irregularidades en dicha institución.
De igual forma admitió haber recibido RD$ 35 millones por parte del contratista de la OISOE, Fernando Crisostomo para financiar a los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de la región sur, durante la campaña del 2020.
Ante el conocimiento de este pacto entre el Ministerio Público y el señalado, la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortíz, manifestó que cuentas con " pruebas " suficientes para demostrar estas acciones ilícitas.
Los encartados en este caso son acusados de incurrir en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.