El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó a los diputados este jueves sobre la evolución del diferendo entre los gobiernos de República Dominicana y Haití por la construcción de este último país de un canal sobre el río Dajabón o Masacre sin previo acuerdo con la parte dominicana.
En una reunión conjunta de las Comisiones Permanentes de Fuerzas Armadas, Asuntos Fronterizos, y de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, de la Cámara Baja, que contó con la presencia del presidente de esa ala del Congreso Nacional, Alfredo Pacheco; el canciller indicó que desde que el Gobierno dominicano se enteró de la construcción del canal de trasvase, en abril de 2021, se solicitó que se detuviera la obra para propiciar un diálogo sobre el interés de los haitianos.
“Tanto antes como ahora, nuestra posición ha sido clara y constante: para que un diálogo sea propicio, es indispensable parar la construcción del canal sobre el río Dajabón, por las falencias técnicas y amenazas de daños ambientales y naturales que esta puede causar, dados nuestros análisis basados en la exigua documentación disponible”, sostuvo el funcionario.
Acciones diplomáticas
Tal y como lo hizo ante el Senado de la República Álvarez indicó que, el 27 abril de 2021, envió una nota diplomática al Gobierno haitiano exigiéndole paralizar la construcción unilateral del canal por violar las disposiciones del artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 entre República Dominicana y Haití; que el 5 de mayo, Haití solicitó una reunión para explicar el proyecto; que el 7 de mayo, el país respondió acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana, la cual se celebró el 27 de mayo del 2021.
Al respecto aclaró que, contrario a lo expuesto por el Gobierno haitiano, en la declaración conjunta que surgió del encuentro “no se accedió en forma alguna a la construcción del canal” y que, por el contrario, se mantuvo la exigencia de que se detuviera la obra y se presentaran los estudios pertinentes.
En consecuencia, manifestó que la construcción del canal resulta ilegal, porque el Gobierno haitiano nunca notificó oficialmente al dominicano sobre dicha obra, como establece el artículo 10 del Tratado de 1929; y nunca se proporcionó un estudio sobre su impacto ambiental.
Además, reiteró que los análisis técnicos dominicanos muestran que el canal perjudicaría gravemente el medio ambiente de ambos territorios y que tiene potencial de inundar la planta binacional CODEVI, que emplea a unos 19,000 haitianos, a parte de la población dominicana de Dajabón y la haitiana de Ouanaminthe, durante la época de crecida del rio.
Mediación internacional
Ante la indiferencia del Gobierno haitiano a los reiterados llamado a que se detenga la obra, Álvarez dijo que buscó, el 24 de septiembre, la colaboración internacional de terceros imparciales, reuniéndose, en la ciudad de Washington, DC, con el secretario general de la OEA para detallarle todo lo relacionado al canal.
“Así las cosas, el 16 y 17 de octubre estuvieron en el país el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA, Jean Michel Arrighi y otro funcionario de la OEA para hacer el
levantamiento de nuestra posición. Posteriormente hicieron una visita similar a Haití”, detalló.
Alternativas futuras
El diplomático aseguró a los congresistas que aún existen alternativas por explorar para solucionar el diferendo, citando como ejemplo la experiencia del manejo conjunto de las aguas en el Sur; y posibilidad de cooperaciones para implementar soluciones alternativas que sean factibles a nivel técnico y medioambiental.
Señaló que, en la actualidad, el tema se ha politizado, convirtiendo el canal en un baluarte del nacionalismo haitiano, involucrando a diversos sectores nacionales, incluyendo bandoleros armados. No obstante, aprovechó para recordar que, con la reciente resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU, se abre la oportunidad para restaurar la institucionalidad y el orden público en Haití.
El canciller estuvo acompañado de los viceministros de Política Exterior Bilateral, José Julio Gómez; de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; así como del embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel; el director de Estudio y Análisis Estratégicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Anselmo Muñiz; y el director Jurídico, Boni Guerrero.
A continuación la exposición completa del canciller Roberto Álvarez
El principal interés de la República Dominicana en cuanto a su relación con Haití es asegurar que la relación bilateral, caracterizada por una compleja interdependencia, se mantenga en el mejor nivel de convivencia posible. Uno de los principales ámbitos de la relación se sitúa, como en la mayoría de los casos, en la zona fronteriza que delimita ambos territorios.
1. Contexto general
La zona fronteriza entre República Dominicana y Haití, de 391 kilómetros de extensión, abarca un sistema hidrográfico que incluye cuatro cuencas transfronterizas principales y varios afuentes. Estos ríos transfronterizos son los siguientes:
El río Pedernales, que nace en Haití y discurre entre las localidades de Jimaní (República Dominicana) y Anse-Á-Pitre (Haití). Tiene una longitud de 30 kilómetros y un caudal medio de 1,73 metros cúbicos por segundo medido en el paso del En 1979, se construyó una presa de desvío binacional en este río luego de la firma de un tratado entre ambos países, que permitió a las dos naciones utilizar sus aguas sin conflicto. Esto ha permitido el uso compartido de este río transnacional.
El río Blanco, que nace en Haití y desemboca en el lago Enriquillo, República Tiene una superficie aproximada de 80 km2, de los cuales 35,6 km2 discurren por República Dominicana. Su cuenca es pequeña, de pendiente muy pronunciada; más del 90% de su superficie está deforestada, lo que provoca importantes inundaciones (como el caso del temporal de 2004, que provocó la crecida del río Blanco, afectando al 25% del municipio de Jimaní).
El río Artibonito, la cuenca más grande del Caribe, con un caudal promedio de 84 metros cúbicos por segundo y una longitud de 321 kilómetros. Este río se origina en la Cordillera Central de la República Dominicana, discurre principalmente por territorio haitiano y desemboca en el Golfo de Gonåve, Haití.
República Dominicana nunca ha hecho uso de este río para riego ni ningún otro fin, mientras que Haití lo ha utilizado para llenar su presa Peligre, con una capacidad de almacenamiento de 300 millones de metros cúbicos de agua. La República Dominicana nunca se ha opuesto al uso exclusivo de este río por parte de Haití.
Desde hace varias décadas, República Dominicana ha mostrado interés en aprovechar las aguas del Artibonito para uso hidroeléctrico, desarrollando una propuesta de presa binacional denominada Las Dos Bocas. Inicialmente, las autoridades haitianas expresaron preocupación de que pudiera impactar negativamente el funcionamiento de la presa Peligre. Sin embargo, República Dominicana ajustó el proyecto para garantizar que no dañara a Haití, y en julio de 2023, un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití concluyó que “El proyecto binacional Dos Bocas beneficiará económicamente a la República de Haití y a la República Dominicana”.
En 2015 se elaboró un documento titulado “Reducción de conflictos en el uso de aguas en la cuenca binacional Artibonito mediante el desarrollo y adopción de un programa de acción estratégico multifocal”, demostrando el interés de República Dominicana en colaborar en el uso justo y equitativo de las aguas de este río con Haití.
El tema fue llevado ante el Comité Binacional del Agua y se presentaron a Haití los estudios preliminares para una represa hidroeléctrica en el lado dominicano del río. Como resultado de estas discusiones, finalmente se llegó a un consenso sobre un proyecto de presa que permitiría a la parte dominicana utilizar el recurso sin afectar negativamente el funcionamiento de la presa Peligre, sino más bien mejorar su funcionamiento al reducir la sedimentación. Aunque ningún proyecto ha sido ejecutado, el gobierno dominicano ha cumplido con su deber de mantener informadas a las autoridades haitianas sobre los planes.
El río Dajabón, que nace y discurre principalmente por territorio dominicano, tiene una longitud de 55 kilómetros, 7 kilómetros sirven de límite natural entre ambos países y sólo 2 discurren exclusivamente por territorio Tiene un caudal medio inferior a 1,5 metros cúbicos por segundo de agua durante el 60% del tiempo. La República Dominicana ha utilizado este río con diversas tomas de agua, la mayoría abajo del punto donde el río ha salido del territorio haitiano.
Es importante aclarar que el uso de este río por parte de República Dominicana beneficia simultáneamente a los agricultores haitianos. Existe un canal de riego llamado La Línea que lleva agua desde los sistemas de riego dominicanos hasta tierras haitianas al otro lado de la frontera. A pesar de ser utilizado por haitianos, las autoridades dominicanas son responsables de mantener este canal.
Según el Inventario Forestal Nacional de 2021, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente de República Dominicana, la cobertura forestal en República Dominicana es del 42,8%, mientras que en Haití es solo del 2%. Además, el 85% de las cuencas hidrográficas de Haití están deforestadas.
2. El conflicto por la construcción del canal haitiano en el río Dajabón o Masacre
En abril de 2021, el gobierno dominicano conoció, a través de informes de agricultores dominicanos, que se estaba construyendo unilateralmente un canal en Haití para conectar con el río Dajabón, a sólo 200 metros de la frontera dominicana, al final del tramo de dos kilómetros que atraviesa Territorio haitiano, entre las localidades de Dajabón y Juana Méndez (Ouanaminthe).
El 27 de abril de 2021, se envió inmediatamente una nota diplomática al gobierno haitiano solicitando que se detuviera la construcción del canal, ya que violaba lo dispuesto en el artículo 10 del Tratado de 1929 sobre el uso de aguas originarias del territorio de un Estado y que atraviese el territorio de otro o sirva de frontera entre dos Estados.
El 5 de mayo de 2021, Haití envió una nota diplomática solicitando una reunión para explicar el proyecto. República Dominicana respondió con una nota del 7 de mayo, acordando una reunión en el marco de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Al finalizar esa sesión, el 27 de mayo, el Subcomité de Medio Ambiente y Agricultura de la Comisión emitió un comunicado conjunto anunciando la creación de un grupo de trabajo técnico para un mejor conocimiento del trabajo que se realiza en la zona fronteriza.
Unos días después se hizo evidente que, contrario a lo presentado en la reunión, el proyecto no era un simple canal de riego, sino un canal de transferencia destinado a redirigir el caudal del río hacia un sistema de riego a seis kilómetros de distancia, en una zona llamada Maribaroux. Un análisis de las autoridades dominicanas mostró que el canal haitiano podría desviar hasta 3 metros cúbicos por segundo, mucho más que el caudal promedio del río en ese punto.
Ante esta situación y dado que la construcción del canal había continuado, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, anunció el 31 de mayo de 2021, tres días después de la reunión del Subcomité, que República Dominicana no participaría en más reuniones hasta que se terminaran las obras. en el canal fue detenido.
El ministro de Relaciones Exteriores haitiano, Claude Joseph, respondió con una nota el 16 de junio de 2021, defendiendo la posición de Haití y solicitando la reanudación del diálogo. El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana respondió el 6 de julio de 2021, con una amplia comunicación que brindó información detallada, enfática y clara sobre la posición dominicana. Esta comunicación incluía los siguientes puntos:
La parte dominicana nunca había sido consultada sobre el canal y no se había proporcionado ningún plan ambiental o estructural del dique propuesto, excepto un breve documento de cinco páginas.
El proyecto no era un simple canal de riego, como se informó anteriormente, sino un canal de transferencia, lo que violaba el derecho internacional y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, que prohibía obras que alteraran el curso del río sin acuerdo
Las aguas retenidas por el dique propuesto durante la temporada de lluvias podrían retroceder e inundar la planta binacional de la capital dominicana CODEVI (que emplea a 000 haitianos y 1.000 dominicanos) a 200 metros del dique propuesto, así como los pueblos de Dajabón en del lado RD y Juana Méndez del lado haitiano. Además, podría afectar negativamente el caudal del río Dajabón aguas abajo, perjudicando alrededor de 880 hectáreas de tierra cultivable en territorio dominicano y 628 hectáreas del lado haitiano, beneficiando a 266 agricultores dominicanos y 125 agricultores haitianos en ambos lados de la frontera. También podría dañar importantes humedales, como la Laguna de Saladillo.
Se desconocían los principales beneficiarios del proyecto.
Tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, las obras de construcción aparentemente se detuvieron. Así lo han confirmado las imágenes de Google Earth de agosto de 2021, diciembre de 2022 y mayo de 2023.
3. Reanudación del proyecto de construcción y respuesta dominicana
El 30 de agosto de 2023, la Cancillería conoció a través de un informe del Ministerio de Defensa que se habían retomado los trabajos en el canal, sin ningún informe a la parte dominicana. Inmediatamente, el canciller dominicano se comunicó con su homólogo haitiano, cuya respuesta fue: “El primer ministro expresa su preocupación por lo que está sucediendo y que el gobierno haitiano enviaría una delegación de su Ministerio del Interior para investigar. Es importante recalcar, el mensaje agrega que no es un proyecto del gobierno.”
Sin embargo, unos días después, el gobierno haitiano, aparentemente infiuenciado por presiones poco claras, cambió su posición hacia la República Dominicana, apoyando la construcción del canal.
El tema, que podría haberse resuelto técnicamente y mediante el diálogo dentro de la Comisión Conjunta Bilateral, se ha politizado, convirtiendo al canal en un símbolo del nacionalismo haitiano, e involucrando a diversos sectores nacionales, incluidos grupos armados.
Luego de numerosos llamados infructuosos, tanto públicos como privados, para que se detuvieran las obras del canal, el presidente Luis Abinader convocó dos semanas después al Consejo de Seguridad Nacional (CNS), el 11 de septiembre de 2023, con el único objetivo de abrir vías políticas y diplomáticas para resolver el conflicto.
El Consejo decidió, dada la continua violación del Tratado de 1929 y la amenaza que representan las pandillas (incluso alrededor del área del canal), cerrar la frontera dominicana con Haití a todos los cruces (tierra, mar y aire) a partir del 15 de septiembre.
Sin embargo, considerando la invitación a una mediación realizada por el secretario general de la OEA el 26 de septiembre de 2023, que el gobierno de RD aceptó inmediatamente, y la adopción de la Resolución
2699 por el Consejo de Seguridad de la ONU el 2 de octubre de 2023, aprobando el envío de una misión multinacional para ayudar a la Policía Nacional de Haití, el Consejo de Seguridad Nacional de la RD anunció el 9 de octubre de 2023 medidas para reducir la escalada del conflicto. Estas incluyeron la apertura de los mercados fronterizos binacionales para la venta de alimentos y medicinas, así como un corredor humanitario.
Desafortunadamente, las autoridades haitianas inicialmente rechazaron estas medidas y destruyeron sin motivo los productos comprados por comerciantes haitianos en los mercados dominicanos. Posteriormente, el día 15 de octubre de 2023 las autoridades haitianas cambiaron de posición y permitieron la entrada de productos dominicanos.
Los días 7 y 8 de noviembre se verificaron sendos episodios muy delicados cuando nacionales haitianos entraron al lado dominicano en las inmediaciones de la pirámide fronteriza número 13 para provocar a los soldados del ejército nacional que patrullan la zona. Afortunadamente, la profesionalidad, la disciplina y la prudencia de los efectivos dominicanos les permitió solucionar pacíficamente la situación. En ambas ocasiones, el ministro de relaciones exteriores dominicano se comunicó con su homólogo haitiano para expresar la enérgica condena por los hechos y exigir a las autoridades haitianas tomar el control de la situación y reafirmar públicamente que reconocen la validez de los límites fronterizos trazados desde 1929 y que denotan las pirámides fronterizas.
4. Posición del gobierno de la República Dominicana
La República Dominicana está de acuerdo con el uso justo y equitativo de los recursos hídricos binacionales, pero insiste en que esto sólo puede lograrse mediante la negociación y ejecución de proyectos.
Técnicamente viables que no afecten injustamente a ninguna de las naciones. Sin embargo, desde Haití se han hecho falsas acusaciones de que el Gobierno dominicano no quiere compartir equitativamente las aguas binacionales. Esto no podría estar más lejos de la verdad y sólo sirve para confundir a la población haitiana y crear mayor desconfianza.
El uso dominicano del río Dajabón no impide el uso de sus aguas por parte de Haití; de hecho, como se dijo anteriormente, los sistemas de riego que tienen aguas abajo del canal también son utilizados por los agricultores haitianos.
El canal haitiano, por otro lado, podría potencialmente impedir el uso de las aguas abajo del río en territorio dominicano, así como el flujo de agua hacia la Laguna Saladillo y otros sistemas de humedales. El uso dominicano del río ha demostrado ser compatible con el uso haitiano, pero el canal que Haití está construyendo afectaría desproporcionadamente los intereses dominicanos al impedir la mayor parte de su uso casi todo el tiempo.
El uso de aguas transfronterizas está regulado por el principio de utilización equitativa, lo que significa que los países que comparten cuencas fluviales, como el que nos ocupa, tienen derechos y obligaciones comunes. La utilización equitativa requiere que ambos países busquen un equilibrio de intereses que considere las necesidades de ambas partes (ver: Proyecto Gabcikovo-Nagymaros, Hungría/Eslovaquia, Sentencia, 1. C. J. Reports 1997, p. 7).
La ley que regula los recursos hídricos compartidos también se adhiere a los principios de prevención de daños (sic utere tuo ut alienum non laedas) y sostenibilidad. Estos principios requieren tomar todas las medidas necesarias para minimizar el impacto ambiental del uso de una cuenca compartida, priorizar su sostenibilidad y proteger a otros estados de posibles daños (ver: Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina
No hay evidencia de que la parte haitiana haya tomado medidas para prevenir daños humanos y ambientales, como la falta de agua durante la estación seca o inundaciones debido a la construcción de un dique durante la temporada de lluvias.
Además, República Dominicana no ha tocado el río Artibonito, que es la cuenca fluvial más importante de la isla y de importancia fundamental para Haití. Se han discutido con el gobierno haitiano planes para utilizar el río Artibonito con fines hidroeléctricos en el futuro y se han realizado ajustes de acuerdo con las consultas con las autoridades haitianas.
Además, República Dominicana y Haití cuentan desde 1979 con una presa binacional en otro río fronterizo, el Pedernales, mediante la cual ambos países utilizan las aguas de manera equitativa. Por lo tanto, no es cierto que la República Dominicana esté negando a Haití el uso justo de las aguas transfronterizas; más bien el gobierno dominicano se opone a la construcción de este canal específico porque viola el derecho internacional.
El lunes 16 de octubre de 2023, República Dominicana recibió la misión técnica de investigación de la OEA, designada por el secretario general Luis Almagro, antes de iniciar una mediación.
Los principales argumentos presentados por el Gobierno dominicano a la misión fue que nuestro país respeta el uso justo y equitativo de los recursos hídricos compartidos, pero se opone al canal haitiano por los motivos expuestos en la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores del 6 de julio de 2021, los principales argumentos de los cuales se describen anteriormente.
Haití todavía necesita recibir la misión de investigación, permitirle acceder al proyecto y proporcionarle la documentación técnica que se supone debe respaldarlo.
A día de hoy continúan las obras en el canal. No sabemos si las autoridades haitianas detendrán su construcción; no parece probable. Sin embargo, si ocurre una tragedia, como hemos advertido repetidamente, será responsabilidad de las autoridades haitianas asumir su obligación de reparar los daños que puedan ocurrir. Ningún Estado tiene derecho a provocar una catástrofe.
Conclusión
República Dominicana ha mantenido una posición consistente a lo largo de esta diferencia. Basamos nuestra postura en el uso justo y equitativo de los recursos hídricos binacionales, el respeto a los tratados internacionales y la convivencia histórica entre nuestras naciones. Una solución sólo es posible mediante el respeto mutuo y el estricto cumplimiento del derecho internacional.
La resistencia de Haití a acatar el razonamiento jurídico y pragmático y suspender la construcción, para que se puedan realizar los estudios técnicos y ambientales apropiados, es un hecho innecesariamente perjudicial para nuestras relaciones bilaterales.
El gobierno dominicano seguirá defendiendo su territorio, recursos y derechos, y seguirá llamando a un diálogo de buena fe entre vecinos, bajo la premisa de que Haití será el primero en detener la construcción del canal.