El polémico proyecto de ley de Código Penal aprobado por el Senado, texto acusado de contener disposiciones inconstitucionales, fue asimismo aprobado este martes en la Cámara de Diputados después de que fuera liberado de ser leído y de otros trámites reglamentarios, de forma de que así podrá ser debatido en el plenario.

El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, sometió a votación la iniciativa sin darle lectura, tal y como ocurriera cuando el texto pasó el primer trámite en el Senado, lo que generó una ola de críticas.

Pacheco argumentó que el proyecto de Ley de Código Penal se ha leído en varias ocasiones artículo por artículo, y solicitó que fuera liberado de lectura y enviado a una Comisión Especial para que sea revisado nuevamente, artículo por artículo.

Las críticas a la exclusión de las tres causales sobre el aborto, la despenalización de la violación si se consuma en el matrimonio y del castigo físico de los padres a hijos son algunos de los puntos del proyecto de Código Penal aprobado por los senadores que han desencadenado los mayores rechazos.

El diputado Pedro Martínez, por ejemplo, opinó este martes que este Código tal como lo aprobó el Senado "es muy conservador y necesita una reforma que contemple todas las aristas posibles".

Su colega Gustavo Sánchez opinó a su vez que debe haber un procedimiento distinto para el tratamiento de este proyecto de Ley ya que la ciudadanía debe saber qué contiene exactamente dicho proyecto.

Protestas a las afueras del Congreso

Frente al estacionamiento utilizado por los integrantes de la Cámara de Diputados, algunas decenas de manifestantes demandaron la despenalización del aborto en tres casos (situaciones médicas de peligro para la mujer, embarazo fruto de violación sexual e incompatibilidad con la vida) y que ello sea parte del nuevo Código Penal.

Los diputados deben rechazar el texto de Código Penal aprobado por los senadores, clamaron los manifestantes que coincidieron en que tal como quedó se atenta contra la mujer, contra la niñez y se ataca a la democracia al impedir la responsabilidad penal a los partidos políticos y a las iglesias, entre otros varios aspectos eventualmente inconstitucionales y atentatorios a normas internacionales avaladas por el Estado dominicano.

Los diputados deberían pronunciarse antes de que culmine la legislatura, el próximo 25 de julio.