Todo lo que pasa en las sesiones de la Cámara de Cuentas está totalmente blindado hasta el 2025, luego de que el pasado pleno tomara la decisión de restringir a la población general el conocimiento de lo que allí sucede, "amparándose de manera mal sana y distorsionada" en la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información, informó el abogado Mario Fernández Burgos, miembro del actual Pleno de esa institución.
Tras las entrevistas realizadas por una comisión especial de legisladores de la Cámara Diputados a quienes en la actualidad integran el Pleno de la Cámara de Cuentas han salido a la luz algunos de los obstáculos que provocan diferencias entre sus miembros.
“Un mes y seis días antes de que asumiera el actual Pleno, específicamente el 9 marzo de 2021, y hasta 2025, se aprobó un documento que oculta las discusiones y los pormenores de cómo se toman las decisiones dentro de la Cámara actual y en las actuaciones pasadas”, denunció Fernández Burgos.
Precisó que tanto él como Janel Ramírez, presidente del Pleno, han estado en disposición no solo de eliminar ese veto, sino que proponen "que las actuaciones del Pleno sean transmitidas en vivo para que la población sea partícipe de las prácticas que allí se manifiestan y de las decisiones que se adoptean".
Sin embargo, añadió, las magistradas Elsa Catano, Tomasina Tolentino y Elsa Peña "se han negado" a derogar dicha resolución, "a pesar de que públicamente dicen estar comprometidas con la transparencia".
“No hemos podido derogar el Indice de Informaciones Clasificadas de la Cámara de Cuentas que vimos y precisamos que no tiene fundamento para ampararse en la Ley 200-04, y que más bien ha sido un documento garante de impunidad para ocultar las decisiones que tomó el pasada Pleno y de las que toma el actual”, explicó Mario Fernández.
Los documentos pasarían a ser públicos si una de las tres restante miembros del Pleno apoya la iniciativa de transparencia, ya que con tres de los cinco votos se obtiene mayoría para ejecutar las decisiones.
Una oportunidad
“Las honorables miembras del Pleno de la Cámara de Cuentas tienen la oportunidad de demostrar su compromiso con su función y con el país, y para eso solo tienen que asesorarse mejor en términos jurídicos; ellas podrían escribir su nombre en el capítulo de la historia dominicana en la lucha contra la corrupción y la impunidad”, añadió Fernández
Otra decisión tomada por la Cámara de Cuentas pasada fue la de eliminar la Unidad de Control de Calidad de las Auditorías, cuya función según la Ley está atribuida al presidente de órgano.
“A pesar de que ellas han logrado desviar la atención de los medios y de la sociedad alegando otras asuntos y excusas, no son honestas expresando que nos han forzado a actuar mediante votos disidentes, y han retrasado las publicaciones de otras auditorías que no quieren que salgan con la calidad necesaria, porque al parecer a ellas no les preocupa que salgan igual de maquilladas que las del pasado Pleno”. sostuvo Fernández Burgos.
Denunció en ese orden que las magistradas "han actuado de manera activa para evitar que auditores independientes y con calidad técnica ingresen a la institución para la revisión de las decenas de auditorías que pudieran ser publicadas luego de verificar su calidad, tomando en cuenta que todas fueron elaboradas por un equipo técnico señalado presuntamente por maquillarlas, al que tampoco han querido remover".