Por Indhira Suero Acosta
El 8 de marzo de 2022, frente al Congreso Nacional de República Dominicana, el sol quema y los minutos pasan con desagradable lentitud para el grupo de trabajadores de ingenios azucareros que exige con pancartas el pago de sus pensiones. Se encuentran en Santo Domingo, capital del país. Hay entre ellos más hombres que mujeres, porque la industria de la caña es principalmente masculina. Una mujer lleva un pañuelo con los colores de la bandera haitiana. Hace años cruzaron la frontera que divide Haití, la región más pobre del continente americano, de República Dominicana, una nación más próspera y la de mayor crecimiento económico de la región del Caribe. Según datos del Banco Mundial de 2020, Haití tiene un PIB per cápita de 2 925 dólares estadounidenses y una pobreza de 58.5%. Dominicana, en cambio, un PIB per cápita de 17 936 dólares y 21% de población en condiciones de pobreza. Los trabajadores están cansados, pero repiten con fuerza los cánticos de protesta que durante años han resonado frente a cada institución del Estado ante la que se han manifestado:
¡Sin cañeros, no hay azúcar!
¡Sin cañeros, no hay azúcar!
Hoy no hay maltratos. La policía no les ha echado baldes de agua fría como en ocasiones anteriores. Tampoco les esperaban grupos nacionalistas, como aquellos del 15 de noviembre de 2021. Movimientos extremistas que intentaron frustrar la protesta de los cañeros frente al Palacio Nacional armados con machetes y cuchillos. En esa ocasión, debido a la actitud de los nacionalistas, la policía impidió que el grupo de cañeros se acercara a la casa de Gobierno. Ellos han trabajado en la industria azucarera durante décadas y la pensión no siempre llega, a pesar de que la mayoría trabajó en los años de mayor apogeo del sector, como en la década de los setenta, cuando la caña lideraba 90% de las exportaciones y era la principal fuente de divisas del país.
Aunque, a través de los años, en mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el Estado ha reconocido la deuda histórica con los trabajadores cañeros, un informe de 2019 del Centro de Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (Obmica) detalla que estos migrantes haitianos cotizaron por mucho tiempo los montos correspondientes a su seguridad social y que, tras gestionar sus solicitudes de pensión, llevan años sin recibir una respuesta. “Los atrasos se deben en gran parte a que las cotizaciones de estos trabajadores no fueron traspasadas completamente al Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS) por parte de la entonces Corporación Estatal del Azúcar —hoy Consejo Estatal del Azúcar (CEA)— y los trabajadores no cuentan con certificaciones que comprueben el tiempo y salario por el cual laboraron. Para los envejecientes sin documentos de identidad es particularmente difícil tramitar sus pensiones, ya que se les exige presentar actas de nacimiento legalizadas y copias de cédula para procesar su solicitud”, dice el documento.
Entre quienes sujetan las pancartas está Félix Gabriel, de 65 años, que llegó a los doce para trabajar en el ingenio Central Río Haina. Hizo todo tipo de trabajos en la caña y ahora es la caña la que lo tiene destruido.
—Nunca conseguimos nada. Ni pensión ni documentos ni medicinas —dice.
Estos cañeros pasaron sus vidas entre los campos de azúcar y los bateyes, comunidades alejadas de las principales ciudades de República Dominicana en las que viven, generalmente, braceros haitianos o sus descendientes. Territorios a los que la sociedad y los gobiernos consideran como “un país dentro de otro”, por estar aislados, entre plantaciones de caña de azúcar —lo que dificulta la integración— y porque 90% de sus habitantes es extranjero.
—Día vini, día se va. Hay que ver qué hace el Gobierno, porque cuanto [sic] nosotros llegamo’ aquí, llegamos legal. Con un contrato —repite Félix.
A su lado, Luiman Yan, de 72 años, se seca el sudor de la frente con un pañuelo rosado. El sol arde, cruel y castigador.
—Nou lá men un sel gen papel¹ —se lamenta la mujer en creole, la lengua criolla basada en el francés que se habla en la nación vecina de Haití.
Levanta sus brazos y pide:
—Señor, manda un ayuda. Nou ye beni, mesi, Bondye.2
La protesta dura apenas media hora. Luego de finalizar, cada uno de los cañeros regresa a sus bateyes.
Lea aquí el completo el reportaje Azúcar amargo. La lucha de los cañeros haitianos