Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a las instituciones estatales, por instrucciones del Poder Ejecutivo, han detectado irregularidades que dificultan la adecuada y transparente gestión del gasto público gubernamental.
No obstante, solo las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) pueden enviarse a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para fines de investigación. Pero resulta que la CCRD hace 6 meses que no publica ni informa de auditorías.
En el caso de las auditorías que hace la Contraloría General, las anomalías administrativas se repiten en la mayoría de los informes publicados hasta ahora.
El presidente Luis Abinader ha destacado la importancia de que los ciudadanos estén informados sobre en qué y cómo se gasta cada centavo en el gobierno, y por esa razón ordenó que la Contraloría audite de manera permanente a las dependencias estatales.
El Gobierno ha auditado alrededor de 35 instituciones, organismos y comisiones responsables de administrar recursos del Presupuesto General de la Nación, en las cuales se han identificado deficiencias en la gestión del dinero público.
En los informes de fiscalización, las irregularidades más comunes en el ámbito administrativo son la falta de elaboración de informes financieros, la ausencia de normas básicas de control interno, las deficiencias en los inventarios de los activos fijos, la falta de transparencia en las nóminas y los recursos no depositados en la Cuenta Única del Tesoro.
Además, hay anomalías recurrentes, como la falta de sistemas integrados de información financiera, la ausencia de manuales integrados de políticas y procedimientos para el área de tesorería, conciliaciones bancarias irregulares; mal uso de los fondos de caja chica y prácticas deficientes en la compra y manejo de combustibles.
Otras infracciones que amenazan los recursos estatales son la falta de planes de compras anuales, los procedimientos irregulares de adquisiciones y contrataciones de servicios, las modalidades de adquisición de insumos en violación de la Ley 360 sobre Compras y Contrataciones en el Estado, y la asignación de obras sin seguir los procesos establecidos.
No obstante, el contralor general de la República, Félix Santana García, aseguró haber recibido los planes de corrección de las fallas de todas las instituciones auditadas. Afirma que la entidad está supervisando de cerca dichos planes para prevenir cualquier error y seguir mejorando los controles internos.
Aunque se han cometido irregularidades, hasta ahora el presidente Luis Abinader no ha destituido ni removido a ningún funcionario por el manejo inapropiado de la ejecución presupuestaria.
La Contraloría General de la República ha anunciado que llevará a cabo alrededor de 100 auditorías focalizadas y especializadas anualmente, invirtiendo más de 550 millones de pesos. También se implementará un sistema de alertas automáticas programadas mediante algoritmos y se introducirá el denominado auditor digital.
Los informes generados por la Contraloría son utilizados internamente por el gobierno para tomar decisiones y mejorar los procesos administrativos. Estos informes contienen análisis detallados de los resultados obtenidos, así como recomendaciones para corregir deficiencias y evitar posibles irregularidades.