En una auditoría realizada a los fondos de caja chica del Departamento de Servicios Generales de la Junta Central Electoral (JCE), la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) detectó la sustracción de recursos por parte de una funcionaria de la institución, quien habría admitido el hecho.

Los servicios generales tienen una cantidad de RD$1,000,000.00 (un millón) para Caja Chica, de los cuales fueron estriados más de RD$ 333, 000, mediante falsas reposiciones de fondos por parte de la encargada de custodia del dinero.

La funcionaria Kenia Janette Guevara Devers, según los investigadores, dijo lo siguiente:

“[…]reconozco que esta diferencia la tomé para uso personal, por una situación personal que se me presentó por un monto de RD$333,517.94. Acepto cualquier decisión que tome la institución”

Asimismo, señaló la responsable de la custodia de los fondos afectados que había generado una falsa reposición en el sistema. También admitió que la versión de haber depositado la reposición en la Dirección General Administrativa y afirmar que se había extraviado era falsa.

El informe de la auditoría no especifica a cuál departamento, dentro de la Junta Central Electoral fue trasladada la empleada que admitió la responsabilidad de la sustracción de los fondos de caja chica

En consecuencia, las autoridades de la institución solo procedieron a trasladar a la responsable de la sustracción del dinero, sin mayores consecuencias legales, según indica la auditoria que comprende el periodo de 2019-2020.

La auditoría sobre el control interno de la Junta Central Electoral, relacionada con el arqueo de los fondos de caja chica, confirmó que durante el periodo fiscalizado se emitieron 58 cheques, de los cuales cinco fueron aparar al bolsillo de la funcionaria.

No obstante, se trató de un acto de corrupción bajo perfil, pero que igual afectó el dinero público, la funcionaria continúa trabajando en la institución, según explica el informe de la auditoría.

La Cámara de Cuentas indica que los estudios de investigaciones especiales se llevan a cabo en aquellos casos en los que se presume la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes específicas, como crimines o delitos contra el patrimonio público.

La directora general administrativa, Juana Anyemis Peña Ramírez, quien, al darse cuenta de las anomalías en las reposiciones de los fondos utilizados, solicitó que se llevara a cabo un arqueo a los gastados de caja chica del Departamento de Servicios Generales, desde septiembre de 2020 en adelante, ya que se encontraba extraviada la reposición número 622 por un monto de RD$ 333, 471,23.

Los investigadores hallaron 23 comprobantes de los desembolsos definitivos correspondientes a la “extraviada” reposición 622, sin encontrar documentaciones justificativas de los retiros, como desembolsos definitivos, provisiones y facturas.

El informe de la auditoría no especifica a cuál departamento, dentro de la Junta Central Electoral fue trasladada la empleada que admitió la responsabilidad de la sustracción de los fondos de caja chica, acción que el Código Penal Dominicano considera delito.