La Oficina de Reordenamiento del Transporte (Opret)  sobrevaloró  costos de viviendas y terrenos expropiados que envolvieron un monto de RD$ 775.5 millones en el proceso de desalojo para la construcción de la línea 2-B del Metro de Santo Domingo, que afectó fondos públicos  por  RD$  más 106. 3 millones, según documenta la auditoría  de la Cámara de Cuentas que examinó el periodo 2013-2017 de la gestión de Diandino Peña.

Los auditores analizaron los expedientes de 722 personas indemnizadas por sus viviendas afectadas durante la construcciones la construcción del Metro, en los cuales detectaron que la entidad pagó RD$ 775,504,797; cifra que supera las evaluaciones realizadas por la Comisión de Comunicación de Expropiaciones y Afecciones de la Opret, que fue de solo RD$ 169,273,877.

Los documentos indican que existe una diferencia entre lo evaluado y el monto pagado por la Opret de RD $606,330,944 en perjuicios de la entidad y del Estado dominicano.

Diandino Peña, personas del círculo íntimo de Leonel Fernandez y posteriormente Danilo Medina, ha sido interrogado en más de una ocasión por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) por supuestos manejos irregulares de fondos públicos. Fue destituido de la Opret en mayo de 2017.

El informe de la investigación señala que el Decreto 491-07 que aprueba el reglamento de Aplicación de la Ley 10-07, sobre el Sistema de Control Interno y de la Contraloría General de la República, en su Artículo 7 dice los siguiente:

“Economía. Costo mínimo posible o razonable, determinado por la ausencia de despilfarro de recursos humanos, materiales y financieros insumidos en la ejecución de las operaciones o en la obtención de los resultados y las metas institucionales, por las entidades y los organismos públicos bajo el ámbito de la Ley. La economía siempre se debe visualizar desde el punto de vista de la eficacia, la efectividad o de los objetivos logrados y metas alcanzada”.

Pero las autoridades anteriores de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte, encabezada por Diandino Peña y otros funcionarios de la entidad, no tomaron en cuenta el mandato de la referida Ley y cometieron irregularidades que han puesto en acción la persecución penal.

Los exfuncionarios de la Opret que pudieran estar vinculados con irregularidades  financieras por las posiciones que ocuparon antes y durante el periodo auditado (2013-2017) son, además de Diandino Peña, el director administrativo y financiero de la entidad,  José Manuel Hernández Reyes (2005-2017), Rafael Eugenio Serrano Banks, director del MSD ( 2005-2015); Pedro Luis Pichardo Muñiz y   Frinette De Los Milagros Padilla Jiménez De Muftóz, ambos encargados del Departamento Legal  desde el  2005 hasta 2017.

También pudieran acarrear responsabilidad legal  el funcionario de la Opret Ramón Leonel Carrasco Domínguez, director de Expropiaciones y Desarrollo Social, cargo que ocupa desde el 2005, y los exfuncionarios Johanny Minoris Hernández Morales, encargado del departamento de Compras y Contrataciones (2007-2020); Guillermo Pérez, encargado de Presupuestos y Obras desde el 2005, al cierre de la auditoría aún continuaban en sus funciones.

Las sobrevaluaciones de viviendas fueron tan evidentes, según el informe del órgano de control externo, que cita varios casos como el de la señora Amalia Esther Pérez Florentino, a quien las autoridades de la Opret  pagaron la suma de RD$1,650,000 por su vivienda, sin embargo,  la Comisión establece que su costo real es de RD$560,118, lo que marca una diferencia de RD$1,089,819.

Asimismo,  existe  el caso de Ysidra Dinorah Mercedes que recibió una indemnización por su vivienda de RD$ 2,300,000, cuando la tasación indica que su precio en ese momento era de RD$937,497,resultando afectado  el Estado dominicano  con la suma de RD$ 1,362,503.

Otro hecho documentado en la auditoría de la CCRD, es la suma pagada a la señora Cara Zabala Santiago, quien  “recibió”  el monto de RD$ 2,500,000 por su propiedad, pero la Comisión la evaluó en RD$ 916,463, una sobrevaluación en su costo de RD$1,583,537.

Fueron en total 722 transacciones de compras por expropiaciones de viviendas y terrenos, y en todas, de acuerdo con la Investigación Especial, se detectaron pagos superiores al costo real de las propiedades, que, en algunos casos, se triplicaron sus precios.

En el Informe definitivo se hallaron también otros desembolsos irregulares por la suma de RD $27 millones 551,733, emitidos por la entidad a dueños de 229 viviendas desalojadas y reubicadas en casas de alquiler, sin los debidos documentos justificativos o contratos firmados entre los propietarios y los inquilinos.

Diandino Peña construyó la línea B1 del Metro de Santo Domingo en los gobiernos últimos de Leonel Fernández (2004-2012) y  la B2 en la administración de Danilo Medina (2012-2020), pero ahora una auditoría de la Cámara de Cuentas detectó todo tipo de irregularidades financieras por más de RD$30 mil millones de pesos, caso que es investigado por la PEPCA.