La Contraloría General de la República (CGR) llevó a cabo una fiscalización de las 432 operaciones de compras de bienes y servicios realizadas por el Ministerio de Defensa entre septiembre de 2020 y abril de 2021, cuyo monto total alcanzó los RD$4 1, 256 millones 204,909.
Según la entidad auditora, las operaciones se hicieron de manera satisfactoria, cumpliendo con los controles internos para el manejo de inventarios y de conformidad con las normas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), aunque reportó el hallazgo de una irregularidad.
“[…] Realizamos ( los auditores) la revisión de inventario de la muestra seleccionada, según montos importes, verificado la documentación (factura, conduce, recepción, y entradas de almacén) los cheques físicos y el cuadre con los libramientos de pagos, los cuales de acuerdo con nuestra revisión se realizaron de manera satisfactoria […]”, dice el informe.
Sobre la irregularidad detectada, la Contraloría cuestiona que dos empleados del Ministerio de Defensa sean accionistas de sociedades comerciales que hacen negocios con esa institución militar.
Se trata de los militares Ramón Antonio Mota Rodríguez, quien tiene inversiones en la compañía INVERSIONES IP, SRL , y el miembro del Ejército César Virgilio Oliva Nolasco, representante de la empresa KC TRANS MOTOS, SRL. Ambos obtuvieron contratos con el Ministerio de Defensa.
El informe dice que los dos empleados obtuvieron contratos con el Ministerio de Defensa pese a que figuraban como accionistas de las empresas contratadas con participaciones superiores al 10 % del total de las acciones de las firmas.
Según la auditoría, esto viola la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones en el Estado.
El artículo 14 de esta ley indica que “no podrán ser ofertantes ni contratar con el Estado las siguientes personas: Numeral 4: Todas personas de la entidad contratante. Numeral 6: Las personas jurídicas en las cuales la persona natural a la que se refiere los numerales 1 al 4 tengan una participación superior al 10 % del capital social dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria”.
El informe de la Contraloría General señala que la ADC-03.004-12 (norma básica de segundo grado) establece que el Control Interno en las entidades debe estar orientado a cumplir el ordenamiento jurídico y técnico, así como los principios de eficiencia y eficacia de las operaciones y garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información.
En el informe se recomienda, entre otros puntos, que el ministro de Defensa instruya a los miembros del Comité de Compras para que establezcan los controles necesarios, que garanticen lo establecido en los contratos de compras y así cumplir con lo señalado en la Ley 340-06.
La investigación de la Contraloría General de la República se realizó desde el 1 de septiembre de 2020 hasta el 30 de abril de 2021.
En la auditoría fueron examinados los estados financieros, los procesos de compras y contrataciones; la ejecución presupuestaria y otros aspectos relacionados con las áreas financieras y activos fijos.