Las magistradas Arlín Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez, del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, aplazaron el juicio de fondo contra los implicados en el caso Catleya para el próximo 20 de noviembre.
Ventura Jiménez, presidenta del tribunal, explicó que la decisión fue motivada por la ausencia de uno de los acusados debido a problemas de salud.
En la audiencia anterior, celebrada el pasado 6 de noviembre, el Ministerio Público presentó a seis procuradores fiscales en calidad de testigos, quienes aportaron pruebas relevantes ante las juezas. Esta medida busca fortalecer la acusación contra los imputados.
El primer testigo, el procurador fiscal Miguel Collado, introdujo un acta de allanamiento realizado contra el acusado Daniel Enrique Inirio Abreu, en el cual se incautaron recibos financieros, libretas de ahorro, pasaportes y dos vehículos que fueron trasladados a la Procuraduría General de la República.
Por su parte, Ernesto Guzmán, procurador fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), describió otro allanamiento llevado a cabo en La Altagracia, donde se confiscaron itinerarios de vuelos, comprobantes bancarios y un teléfono celular. Las evidencias fueron documentadas en el acta correspondiente y presentadas al tribunal.
El caso Catleya implica a un grupo de acusados, entre ellos José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene, Melvin José Valentín Peguero, Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
El expediente del Ministerio Público detalla que 80 mujeres, de nacionalidades venezolanas y colombianas, fueron rescatadas durante los diferentes allanamientos, donde presuntamente eran explotadas sexualmente por la organización, operativa desde diciembre de 2021.
Según las autoridades, estas mujeres, al llegar al país, eran alojadas en lugares como Coco Real, en Bávaro, Punta Cana, y el Hotel Caribe, en Gazcue, Santo Domingo, cuya clausura ha sido solicitada.
Una vez en territorio dominicano, las víctimas eran informadas de una deuda que oscilaba entre los USD 3,000 y 4,000 por concepto de gastos de viaje, hospedaje y alimentación, deuda que nunca podía ser saldada, convirtiéndose en un mecanismo de control y explotación.