La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago decidió aplazar para el próximo miércoles 17 la audiencia de solicitud de medida de coerción en contra de Sarah Rodríguez Díaz, la’trader' que ha sido acusada de estafar a más de 50 personas a través de la venta de criptomonedas.
La vista se realizará ese día a las 9:30 de la mañana en contra de la mujer que el Ministerio Público asegura "utilizó numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares".
Alegadamente, la joven logro efectuar una estafa que supera los 50 millones de pesos (casi un millón de dólares), según la acusación divulgada en un comunicado.
El tribunal tomó la decisión de aplazar la audiencia para que los abogados de la acusada puedan preparar los presupuestos legales.
En la acusación, el Ministerio Público afirma que a mujer presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment y, para alegar el éxito de la inversión, "mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos", agregó la nota.
Indica que utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.
Según los abogados de las personas que habrían resultado estafadas con el negocio, Miguel Díaz y Newton López, el proceso fue aplazado a petición de los representantes legales de la imputada, quienes solicitaron más tiempo para conocer los detalles del caso y presentar los presupuestos.
La medida de coerción sería conocida el próximo miércoles, en horario matutino. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para la imputada, Sarah Rodríguez Díaz.
Según las investigaciones iniciales del Ministerio Público, Rodríguez Díaz habría utilizado, numerosas estrategias engañosas para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y en efectivo, en moneda local y en dólares.
Las autoridades han reportado que los negocios encabezados por la imputada habrían afectados a personas que hicieron inversiones por unos RD$ 50 millones.
“Las investigaciones determinaron que la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”, ha informado el Ministerio Público.