Los generales, coroneles y otros oficiales apresados y acusados de delitos de corrupción en las operaciones Coral y Coral 5 G sometidas a la justicia por el Ministerio Público, pudieran perder los derechos adquiridos en las instituciones militares conforme a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, si resultan culpables de los cargos que se les imputan.
Una condena definitiva los invalidaría para obtener una pensión en las Fuerzas armadas y otros beneficios conforme al Artículo 164 sobre Causa de Pérdida de Beneficios, que dice en el numeral 4 lo siguiente:
“Por involucrarse en actividades relacionadas al crimen organizado, así como cualquier otro crimen o delito internacional, previa comprobación judicial.”
De acuerdo con la acusación emitida por el Ministerio Público, los generales Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad de la Presidencia (CUSEP), y Torres Robiou, quien dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (POLITUR), organizaron y dirigieron una organización delictiva que, supuestamente, timaron al Estado con RD$ 4,500 millones del Presupuesto Nacional.
Asimismo, al general de brigada Boanerges Reyes Batista, exjefe de seguridad de Danilo Medina, podrían también negarle la pensión si resulta condenado por los delitos de corrupción detallados en el expediente acusatorio.
Por otra parte, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores de la Armada Dominicana, los coroneles de la Fuerza Aérea Carlos Augusto Antigua y Miguel Ventura Pichardo están sujetos a perder los derechos adquiridos en las Fuerzas Armadas, de no lograr demostrar que no tuvieron ninguna partición en el entramado de corrupción con el Estado.
En el caso de ser declarados culpables en última instancia, estos oficiales serán excluidos de las nóminas de sus instituciones militares, y perderían el derecho a una pensión que oscilara entre los RD$ 175,000.00 y 250,000.00, desacuerdo a las posiciones que ocuparon.
Las Fuerzas Armadas suspendieron a todos los militares acusados de delitos corrupción administrativa por el Ministerio Público; sin embargo, figuran en sus nóminas con sueldo hasta de 60, 000.00 pesos mensuales.
El Código de Justicia Militar permite a las instituciones castrenses, en los casos de miembros sometidos a la justicia ordinaria, el pago mensual de los salarios o retenerlos hasta que un tribunal emita una sentencia irrevocable.
En abril del año 2021, el mayor general Adán Cáceres Silvestre fue apresado durante la operación Coral; no obstante, continúan figurando en la nómina del Ejército con salario de RD$ 60,049.00.
De igual manera, el general de brigada Juan Torres Robiou, arrestado y sometido a la justicia en noviembre de 2021, sigue percibiendo de la Fuerza Aérea el sueldo base de $ 50,275.72.
También, los demás oficiales implicados, en uno de los mayores casos de apropiación de bienes y enriquecimiento ilícito mediante recursos públicos, reciben unos salarios que no se justifican.