El periodista Bienvenido Scharboy Almánzar solicitó a la procuradora general, Miriam Germán Brito, investigar la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual del sector Alma Rosa, por entender que los fiscales con asiento en esa dependencia privan de libertad a hombres acusados falsamente de violencia de género con fines de extorsión.
Dijo conocer varios casos, por su profesión y también por ser "un abanderado y aliado de la lucha del movimiento feminista contra la violencia de género y por los derechos de las mujeres", pero se centró en la acusación de este tipo que pesa contra un hermano suyo.
El periodista habló en una rueda de prensa realizada en la explanada de la Procuraduría General de la República, acompañado de familiares y dirigentes comunitarios de Boca Chica, previo a depositar una comunicación dirigida a Germán Brito denunciando el asunto.
Si su hermano fuese culpable, él en su condición de activista social no lo estuviera defendiendo, dijo y apuntó que este se encuentra detenido "sin que la supuesta víctima presente pruebas" y en violación al debido proceso.
Aseguró que el procurador adjunto en esa unidad de Santo Domingo Este, César Payano, dio curso a una querella de María Yocasta Escotto de los Santos en contra de su hermano, Víctor Scharboy Almánzar, "a quien acusó, basada en mentiras, de una supuesta agresión, la que nunca ocurrió, como el magistrado confirmó".
“La ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer fue creada para garantizar los derechos de todas las víctimas de violencia intrafamiliar y aplicar la justicia a los agresores, feminicidas, violadores sexuales, entre otros verdugos; pero autoridades policiales y judiciales han permitido que supuestas agredidas la utilicen con fines de extorsión y obtener dinero”, precisó el comunicador.
"El magistrado Payano estaba consciente de que la supuesta víctima lo que buscaba era dinero y que Víctor era inocente, sin embargo, pidió tres meses de prisión preventiva" porque confesó que los fiscales “tienen órdenes de pedir prisión preventiva para todos” los acusados en este tipo de casos y hay jueces que asimismo dictan prisión preventiva como medida de coerción, aunque no existan pruebas ni testigos de las supuestas agresiones.
"La misma situación de Víctor la están padeciendo otros presos, víctimas de querellas falsas interpuestas por mujeres que solo buscan extorsionar a sus parejas o exparejas" porque "los actores del Poder Judicial han convertido la ley 24-97 en un “cuco” y, como la aplican arbitrariamente, muchos hombres ceden al chantaje y son extorsionados", sostuvo.
“Si bien es cierto que los feminicidios y las agresiones contra mujeres se han convertido en pandemias nacionales, que condenamos, también es cierto que en todo el país se incrementan los casos, en todos los estratos sociales, de mujeres que acusan de una falsa agresión a hombres con la finalidad de obtener dinero u otros beneficios”, remarcó.