La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), informó que la prisión preventiva, durante el año 2019 hasta junio de 2022, se estima que, el 54 % de los casos de jurisdicción Ordinaria, y que ingresaron cada año en estatus de privado de libertad, se les venció el plazo de prisión preventiva.
El 70 % de estos los casos ordinarios ingresados por medida de coerción fueron revisados y apelados por la Defensa Pública, es decir, se depositaron 17,547 acciones con el fin de variar la medida y lograr la libertad del imputado. Sin embargo, se rechazó el 53 % de estas acciones, y sólo el 35 % (6,096) se acogieron.
El director nacional de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, explicó que la población privada de libertad, estuvo conformada por 21,288 personas recluidas por imposición de prisión preventiva y 3,954 que permanecían internos hasta pagar la garantía económica impuesta.
Santos expresó que, es imperativo que los órganos del Sistema de Justicia se acojan a lo establecido en el artículo 40.9 de la Constitución de la República, que establece "Las medidas de coerción, restrictivas de libertad personal, tienen un carácter excepcional…." y de igual forma lo estatuye el artículo 15 del Código Procesal Penal.
Resaltó que la ONDP asistió a 25,242 usuarios en atención permanente de la jurisdicción ordinaria, quienes ingresaron al sistema penitenciario, desde el año 2019 hasta junio de 2022, por imposición de medida de coerción.
Con relación a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), durante el mismo periodo, la ONDP asistió a 1,514 usuarios, quienes entraron al sistema penitenciario debido a imposición de medida cautelar.
En la jurisdicción Ordinario, la Defensa Pública obtuvo audiencias preliminares y de fondo 5,573 decisiones favorables en pro de la libertad de los usuarios asistidos en el periódico señalado. No obstante, con relación a NNA, estas decisiones favorables sumaron 469.