Los afectados que invirtieron RD$2,500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), monto desfalcado con prácticas fraudulentas según la acusación del caso descubierto con la Operación Búho, sin precedentes en la historia del cooperativismo en el país, volverán a los tribunales satisfechos con la actuación del Ministerio Público que busca dignificar a las víctimas y ayudarles a recuperar sus inversiones.
Se ha programado para comparezcan nuevamente el miércoles 13 de diciembre en una audiencia de recurso de apelación de los imputados que actualmente se encuentran en prisión preventiva.
De los siete implicados, cuatro están en prisión preventiva por un período de 18 meses, mientras que los otros tres tienen diferentes medidas de coerción que incluyen garantías económicas y restricciones de salida.
Inquietud entre los querellantes y sus abogados
Los representantes explicaron que la audiencia cuenta con un auto de fijación y admisibilidad por parte de las autoridades judiciales. Sin embargo, ninguna de estas documentaciones fue notificada a las partes constituidas en el caso, lo que ha generado inquietud entre los querellantes y sus abogados.
La notificación de la fecha de la medida de coerción el pasado mes de octubre se hizo pública a través de los medios de comunicación, un hecho que ha generado desconcierto en un caso que involucra a unas cuarenta personas legalmente constituidas y que esperan que este proceso se desarrolle hasta sus últimas consecuencias.
El caso conocido como Operación Búho fue declarado complejo por el juez Máximo Roa Saint Hilaire debido a su naturaleza, enfrentando cargos que incluyen asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad personal y fraude por un monto estimado de RD$2,500 millones de pesos.
Asimismo, esperan que se presente la acusación contra los imputados en los plazos establecidos y que estos rindan cuentas por sus acciones.
Todos los implicados están acusados de llevar a cabo prácticas fraudulentas, como la simulación de préstamos, la creación de crédito falso y la emisión de certificados financieros falsificados, con el objetivo de desviar el dinero de los asociados y ahorrantes de la cooperativa.