A continuación un resumen cronológico de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en el marco de sus funciones y competencias, en torno al Proceso de Licitación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo y que ha dado paso al llamado caso Camaleón, en la frontera entre el terrorismo y el desfalco.
Al menos siete personas se han visto involucrada en un proceso que arrancó con una licitación adjudicada por más de 1,317 millones de pesos y a todas luces fraudulentas, y que se ha complicado con señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco.
Además del ex director del Intrant Hugo Beras y del empresario José -Jochi- Gómez, han sido involucrados Frank Díaz, Samuel Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero como parte de una estructura ilícita para beneficiar a la empresa Transcore Latam.
Del manejo de los semáforos de la capital el asunto pasó a actos de espionaje y sabotaje.
De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción que derivó en 18 meses de prisión preventiva para Hugo Beras y José -Jochi- Gómez, el contrato fue manipulado desde su inicio para favorecer a Transcore Latam, que ni siquiera tenía capacidad técnica real para ejecutar el proyecto.
Transcore Latam, así como Aurix e Inprosol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos públicos.
Una vez adjudicado el contrato, Transcore Latam tomó el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de Santo Domingo. Esto no solo le permitió manejar el tráfico de la ciudad, sino también instalar equipos de monitoreo en lugares estratégicos, lo que comprometió gravemente la seguridad vial del país, de acuerdo con el relato del Ministerio Público.
Advertido que que estaba siendo investigado, Jochi Gómez, sehún la acusación, accedió con su aparataje tecnológico a documentos confidenciales de la Procuraduría y, a la par, orquestó un sabotaje a los semáforos con lo que incursionó en un terreno calificado como "terrorismo".
El Ministerio Público también alega que con el manejo de los semáforos en Santo Domingo Gómez pudo cometer acciones de espionaje y vigilancia ilegal.
"La gravedad de los hechos imputados, la pluralidad de hechos cometidos, la posible pena a imponer en un juicio de fondo, la cual llega hasta 20 años, hace necesario el presente caso sea declarado complejo con todas sus consecuencias legales", argumentó la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que pidió y obtuvo 18 meses de prisión preventiva para los dos señalados.
En todo este proceso, la DGCP detalló en 99 páginas sus actuaciones administrativas y jurisdiccionales al respecto.