SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Cursaba el año 2018 cuando Aris Nurys Tejada Ortiz, en Ocoa, acudió al hospital con dolores de parto. En el centro de atención, según ha contado, no la quisieron acoger. Para ese momento Aris tenía seis meses de embarazo. Se devolvió a su casa y allá dio a luz a una bebé que respiró, pero en lo que buscaban transporte para ir al hospital, la bebé murió.

A esa joven la arrestaron de inmediato alegando que había consumido un medicamento para abortar. Pasó tres meses presa en Baní y luego le variaron las medidas de coerción. El relato de las autoridades fue que la imputada llegó con fuertes dolores a un hospital de la zona, donde asistió en busca de ayuda y que expulsó la criatura mientras la atendían.

A pesar de que aún no está demostrado que incurrió en el hecho penalizado por la ley dominicana, Aris fue de las pocas mujeres que corren la "suerte" de ser perseguidas por el sistema de justicia bajo el crimen tipificado como aborto, intento o tentativa.

Los casos que sigue la justicia y las sentencias condenatorias por concepto de violación al artículo 37 de la Constitución y 317 del Código Penal, referente a la penalización del aborto, no alcanzan, siquiera, la mitad de la cantidad de abortos que se registran de forma clandestina en el país.

De los 15 mil 473 abortos que registró el Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2019 en centros públicos, el Ministerio Público procesó 12 tipificados entre casos de aborto, intento y tentativa. Estos 12 casos que pasaron por el sistema de justicia representan el 0.07% de los 15 mil 473 abortos del año. El Poder Judicial, por su parte, registró la entrada de una solicitud de medida de coerción y dictó una sentencia condenatoria. 

15 mil 473 es la cifra más actualizada de casos de aborto anuales en el país y la tiene el Compendio Estadístico del SNS, que no especifica el tipo de aborto.  Sin embargo, según José De Lancer, médico gineco-obstetra que trabajó para el Sistema Nacional de Epidemiología, para 2012 los abortos en República Dominicana ascendían a 25 mil al año en centros públicos, por lo que entiende que el dato actual es fruto de la existencia de un subregistro.

El estudio “Situación del aborto en RD”, que realizó la Asociación Dominicana Pro-Bienestar de la Familia (Profamilia) en 2015, reflejó que un 39% de las estudiantes universitarias que reportaron alguna vez haber estado embarazadas, declararon haber tenido un aborto o pérdida de embarazo. Entre las razones concretas que citaron las estudiantes de los casos de aborto que conocían, un 55% reveló la violación sexual como causal.

En comparación con las cifras del órgano persecutor, la mayor parte de los abortos que registra epidemiología y que estudió Profamilia, se realizan de manera clandestina y en reducidas ocasiones llegan al sistema de justicia. Las principales prácticas que comprenden los abortos clandestinos son remedios caseros, métodos agresivos físicos, métodos agresivos químicos y clínicas clandestinas. 

Desde el té de hojas de aguacate hasta el uso de perchas y sombrillas en la práctica informal agresiva, o la ingesta de Cytrotec-Misoprostol; estos procesos de aborto inducido tienen un costo económico valorado entre los mil y 10 mil pesos.

El abogado penal José Gómez declaró que “las estadísticas te van a arrojar que los casos que llegan a los tribunales sobre aborto son muy pocos, por no decir ninguno. Es un delito o un tipo penal que no se persigue o que no se acostumbra a perseguir”.

La justicia cojea ante las exigencias

Cuando las cifras informales hablan de entre 15 mil y 25 mil abortos anuales en el país, en los últimos cuatro años, el Ministerio Público ha perseguido 70 casos de aborto a nivel nacional. En el 2020, el órgano ha procesado cinco casos de aborto. 

Con ocho casos, Santo Domingo Este es la localidad con mayor cantidad de abortos registrada por el órgano persecutor en el período 2016-2020, mientras que el año con más casos registrados es el 2018, con 29 en inventario, un pico con relación a los demás años que se mantuvieron en 10 (2016), 14 (2017), y 12 (2019).

De acuerdo a los sistemas de información del Poder Judicial, en el período 2014-2019 se solicitaron 24 medidas de coerción relativas a casos de aborto. Estas cifras corresponden a aquellos casos cuyas denuncias se tramitaron por ante una Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente, "pudiendo existir diferencias sustanciales respecto a las denuncias recibidas por la Procuraduría General de la República (PGR), consecuencia de los casos que no continúan el proceso de judicialización", especificó la entidad.

El Poder Judicial conoció cuatro solicitudes de medidas de coerción por aborto en 2014, siete en 2016 y 2017 respectivamente, cinco en 2018 y una en 2019; mientras que el 2015 fue un año nulo en el concepto.

En seis años (2014-2019) el Poder Judicial dictó dos sentencias condenatorias que corresponden a dos casos de aborto, uno en 2017 y otro en 2019, de las 24 medidas de coerción relativas a casos de aborto que recibió.

“Para que llegue al sistema de justicia lo que hace falta es la voluntad del Ministerio Público de perseguir e implementar la política criminal porque el Ministerio Público sabe muy bien dónde se practican abortos. Esos lugares están identificados. En todos los sectores donde se practican abortos clandestinos se sabe quiénes los practican y quiénes hacen negocios con eso”, dijo Gómez.

Seguido, explicó que el punto crítico entre el intento, tentativa o realización del aborto (todos tipos penales) y su paso o no al sistema de justicia, es la persecución. Enfatizó que si el Ministerio Público no presenta casos, el Poder Judicial no puede sancionar.

Por su parte, Indiana Guerrero, abogada y encargada de incidencia en Profamilia, contó que hace unos años hizo una investigación en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y habían muy pocos casos. “Si acaso tres o cuatro de las que se apelan en casación, y tenían que ver con cierres de clínicas clandestinas donde se habían practicado abortos. Curiosamente, era como el cierre de la misma clínica en varios años diferentes”, dijo.

Guerrero estudió casos que llegaron a la SCJ por medio de recursos de casación. En esa jurisdicción, entre 2014 y 2017 entraron 12 casos de aborto por casación y salieron 11.

“Hay muchos casos de negligencia médica obstétrica como el de Esperancita que llegan al sistema de justicia y el sistema de justicia los deja que mueran ahí”, expresó.

La profesional del derecho, que ha litigado en casos de aborto, entiende que en el tema de persecución de abortos, hasta el momento se ha conocido a una PGR dual. Por un lado, la PGR que persigue los casos de mujeres, y por el otro, a la que llegan casos por negligencia médica y no son investigados.

A pesar de que el camino que trazan los datos confirma que los abortos, considerados una actividad clandestina, superan la persecución y la pena judicial en el país; la sociedad dominicana pinta líneas divisorias cada vez más visibles, palpables y sonoras de posturas parcializadas que implican la despenalización del acto en tres causales, por un lado, y por otro, la continuidad de la imposición de la pena judicial para un delito más común de lo que se permite mostrar.