Este jueves, el abogado Félix Portes, defensor del coronel Rafael Núñez de Aza y otros implicados en el caso Coral, retomó el contrainterrogatorio de Ledy Paulino, auditora de la Cámara de Cuentas.
Paulino fue parte del equipo que realizó una auditoría al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), entidad donde, según las acusaciones, se inició una red militar que sustrajo RD$ 4,500 millones en propiedades y productos financieros.
En su más reciente intervención, Portes señaló irregularidades en las entrevistas realizadas de al menos ocho personas incluidas en la nómina del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep).
Según el informe, estas personas admitieron haber estado en nómina de la institución, aunque no laboraban en ella. A pesar de no cumplir con funciones, recibían pagos que luego transferían a terceros, por lo que Portes señaló que este hecho que no fue detallado en el informe de auditoría.
La defensa sostiene que la falta de claridad sobre los beneficiarios finales de estos fondos y la omisión de información relevante afecta la imparcialidad y rigurosidad del informe.
El abogado busca demeritar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, alegando que los procedimientos utilizados por la perito de la Cámara de Cuentas presentan fallas que podrían poner en duda la solidez de los cargos por malversación de fondos y desvío de recursos que enfrenta su cliente
Portes enfocó su interrogatorio en cuestionar la validez y rigurosidad de los procedimientos utilizados por Paulino y su equipo entre 2012 y 2020 para realizar la auditoría.
El abogado alegó la existencia de irregularidades y errores en el análisis de los datos financieros, lo que, según él, podría comprometer la imparcialidad de los resultados presentados por el Ministerio Público.
La defensa insiste en que las fallas detectadas en la auditoría podrían invalidar algunos de los cargos de malversación y desvío de fondos imputados a Núñez de Aza y otros acusados.
Ledy Paulino es testigo clave del Ministerio Público en este juicio de fondo que está a cargo del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Entre los demás acusados en el caso se encuentran altos mandos militares, como el general Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, y otros oficiales de la Fuerza Aérea y el Ejército de la República Dominicana.
El testigo principal del Ministerio Público, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, reveló durante el juicio que los generales y coroneles involucrados adquirían armas ilegales y celulares de alta gama con fondos desviados. Girón también detalló las actividades irregulares que supuestamente ocurrieron bajo la gestión de Adán Cáceres Silvestre en Cusep y de Juan Carlos Torres Robiou en Cestur, proporcionando información clave para el expediente de acusación.
El juicio continúa, y la defensa sigue intentando desestimar las pruebas presentadas por el Ministerio Público.