Un año y medio (18 meses) de prisión preventiva se dictó hoy contra el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, acusado de ser el cabecilla de la red que sustraía armas, proyectiles y otros pertrechos de la Policía Nacional y los vendía a diversos "clientes", entre ellos bandidos haitianos, y la misma medida de coerción a otros seis de los diez agentes acusados en el marco de este caso descubierto y denominado Operación Pandora.
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, tomó tal decisión y dispuso que los imputados cumplan la medida de coerción en el centro de retención de policías del Departamento de Operaciones Especiales, en el sector de Manoguayabo, municipio de Santo Domingo Oeste.
La decisión de la juez Veloz también incluye al subintendente Juan Miguel Pérez Soler; al capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; al segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, al cabo Juan Luis Díaz Medina y a los rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina.
La imputada Miguelina Bello Segura, que no pertenece a las filas de la Policía, cumplirá prisión domiciliaria.
Contra el capitán y auditor Víctor Santos se impuso el pago de una garantía económica de tres millones de pesos y otra de dos millones al sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público de que el caso sea declarado de tramitación compleja.
De acuerdo con el Ministerio Público, el capitán Santos era desde más de seis años auditor en la Intendencia de Armas y, además de falsificar datos en una auditoría que se hizo en febrero pasado en ese departamento, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación.
Traicionaron su uniforme, su institución y al país
Esta permitió el decomiso de armas y proyectiles y recolectar evidencias digitales de cientos de transacciones económicas, obtener pruebas testimoniales y una serie de datos extraídos de dispositivos electrónicos, "consolidando un robusto conjunto de pruebas para presentar ante el juez de instrucción", destacó el procurador Wilson Camacho.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) dijo sentirse satisfecho con la decisión judicial adoptada.
"La jueza valoró en su justa dimensión el comportamiento de estos imputados que son miembros de la Policía Nacional, que traicionaron su uniforme, institución y al país, por eso estamos satisfechos con la decisión del tribunal", declaró Camacho.
Tanto Ángel Rubíer Martínez, Juan Luis Díaz Medina y la civil Miguelina Bello Segura llegaron a un acuerdo con el órgano acusador.