La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) presenta el Primer Informe "Condiciones de Detención y Prisión 2021″, con los hallazgos a partir de las visitas realizadas por la Comisión Carcelarias cada semana durante el 2021, en el contexto de la situación que viven los privados de libertad en el país.
Este informe da cuenta de los desafíos que tiene el Estado, el sistema de Justicia y Penitenciario, frente a las diversas situaciones que se viven en las cárceles dominicanas, y del inminente riesgo a la violencia, vida salud, incendios, motines, fugas, maltratos y violación a la integridad que enfrentan las personas privadas de libertad.
En 2021, un total de 27,315 personas se encuentran privadas de libertad dentro de la de las 19 cárceles del modelo tradicional y de los 27 centros del modelo nuevo de gestión penitenciaria.
De esta cifra un 40 % de los internos de las 19 cárceles del modelo tradicional duermen en el suelo, y una gran cantidad de personas se encentran en prisión preventiva acusados por delitos menores.
El informe releva la existencia un excesivo de prisión preventiva, una gran cantidad de personas con problemas de salud física y mental, diversas carencias dan imposibilidad de garantizar la reinserción social a las personas detenidas. De igual forma, se advierte que la institucionalidad del sistema carcelario estaría debilitada por la disminución de su presupuesto, poco personal técnico y de custodia.
Asimismo, se da cuenta de las lamentables condiciones de detención a raíz del hacinamiento como es el caso de la cárcel de la victoria que fue construida para alojar a 2,103 personas y al momento del levantamiento habían 7,625 internos, seguido de otras cárceles con la misma situación como la de Baní, Azua, San Juan de la Maguana y Barahona.
En cuanto a las cárceles de Salcedo, nagua y Samaná no existe una verdadera separación entre hombres y mujeres lo que conlleva a una verdadera vulneración al derecho a la intimidad y al honor; infraestructura deficiente; atención médica negligente, y en cuanto a la alimentación aunque ha mejorado aún sigue siendo inadecuada.
“El gran problema en República Dominicana, no radica en los Centros Penitenciarios (Modelo Nuevo o Tradicional) como forma de control, sino que la política que el Estado plantea para el respeto de los Derechos Humanos, y lo que se lleva a cabo en la práctica son hasta cierto punto, dos caras de una misma moneda”, dice.
“Lo que el Estado expresamente plantea a través de la norma, respeto a lo que debe hacerse, en la práctica no se realiza, las autoridades se esmeran en plantear programas y sistemas penitenciarios que llevan consigo el respeto a la dignidad, para llevarlos a la práctica, pero es en cierta medida irónico, pues es como si en teoría es la Política de respeto a la integridad y dignidad de las personas y en la practica la Anti-política”, culmina.