El caso Odebrecht inició en diciembre de 2016 en República Dominicana con la investigación del Ministerio Público en torno a los 92 millones de dólares que la compañía multinacional admitió pagó en sobornos a funcionarios y empresarios dominicanos.
Desde ese momento, y en sus distintos procesos a lo largo de estos cinco años, el caso fue conocido por un total de nueve jueces.
Prisión preventiva y apelación
El primer magistrado en conocer el caso fue Francisco Ortega Polanco, quien en mayo del 2017 fue designado como juez de la Instrucción Especial y un mes después acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó prisión preventiva contra ocho imputados en el caso.
Para Ángel Rondón Rijo, el juez impuso un año en La Victoria; a Víctor Díaz Rúa y a Conrado Pittaluga, nueve meses en Najayo; y a Ruddy González, Andrés Bautista y Temístocles Montás seis meses en Najayo.
Mientras que a César Sánchez y Máximo De Óleo le impuso tres meses de prisión preventiva para ser cumplida en la cárcel de Najayo.
Asimismo, a Radhamés Segura y Roberto Rodríguez Hernández les dictó prisión domiciliaria por nueve meses, y a Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco presentación periódica, impedimento de salida y una fianza de cinco millones de pesos.
Posteriormente, en julio del 2017, los imputados en el caso Odebrecht presentaron recursos de apelación contra la decisión tomada por Ortega.
Para conocer los recursos fueron designados cinco jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia: Miriam Germán Brito, Esther Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz, Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Moscoso Segarra.
En la apelación les fue variada la medida de coerción a ocho de los imputados.
Juicio preliminar
En junio de 2018, el entonces procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, anunció que solamente serían perseguidos por soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arseno, Andrés Bautista, Tommy Galán, Juan Roberto Rodríguez y se agregó a la lista al exsenador Jesús (Chú) Vásquez, mientras que la acusación contra los demás imputados fue descartada por falta de pruebas.
Los beneficiados fueron Temístocles Montás, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, Rudy González, César Sánchez, Radhamés Segura, Máximo De Oleo y Bernando Castellanos de Moya.
En junio del 2019, el juez Francisco Ortega Polanco tuvo nuevamente en sus manos el caso por corrupción y sobornos, cuando envió a juicio a seis imputados que quedaron dentro del expediente: Rondón, Díaz Rúa, Pittaluga, Galán, Bautista y Rodríguez. Jesús Vásquez fue descargado.
Juicio de fondo
El 24 de agosto del 2020, mediante la resolución número 001-022-2020-SRES-00869, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la incompetencia de la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia para el conocimiento del proceso seguido al exsenador Tommy Galán Grullón, por haber cesado en sus funciones como legislador y remitió a la Cámara Penal de la jurisdicción del Distrito Nacional el expediente.
Con esto, el destino de todos los implicados, ya en la misma jurisdicción, quedaron en manos de las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes llevan desde noviembre del 2020 el juicio de fondo.
Este jueves 14 de octubre les tocó decidir si condenaban o absolvían a los seis implicados en el caso, siendo sentenciados a prisión el empresario Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa a 8 y 5 años de prisión, así como el pago de 200 salarios mínimos.
Los otros cuatro imputados fueron absueltos por las magistradas.