La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en función de corte de apelación, decidió varias las medidas de coerción que había dictado en junio pasado el magistrado Francisco Ortega Polanco, y dejó bajo prisión solo a dos de los imputados, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, y dictó libertad y nuevas disposiciones para el resto de los imputados.
La corte fue presidida por la magistrada Miriam Germán Brito, e integrada por la jueza Esther Agelán Casasnovas, y los jueces Fran Soto, Hiroito Reyes y Alejandro Moscoso Segarra. Hubo disidencia de tres de los jueces sobre las medidas de coerción. Agelán Casasnovas ofreció verbalmente las suyas, lo mismo que Miriam Germán Brito, en tanto que Hiroito Reyes se reservó para darlas a conocer con la sentencia íntegra.
Estas fueron las decisiones de medidas de coerción:
Rechaza por unanimidad la petición de todos los imputados de declaratoria de nulidad de la resolución 0047 de medidas de coerción dictada por el magistrado Francisco Ortega Polanco.
Rechaza por unanimidad la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 227, 229.3, 229.4 y 234 del Código Procesal Penal, reformado por la ley No. 1015, del 10 de febrero del 2015, y de la resolución número 58 del 2010, dictada por la Suprema Corte de Justicia en 2010.
Rechaza por unanimidad la solicitud de exclusión por prescripción por los motivos expuestos en el cuerpo de la decisión.
Rechaza por unanimidad la solicitud de nulidad del arresto planteada por los recurrentes.
Rechazó los recursos de Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Alfredo Pacheco, en cuanto a la forma, y en cuanto al fondo rechazó por mayoría de votos los recursos, y confirmó respecto de estos imputados las medidas de coerción impuestas, las cuales son revisables cada tres meses.
Declaró buenos y válidos los recursos de apelación de Juan Temístocles Montás, Radhamés Segura, Andrés Bautista, Ruddy González, Conrado Pittaluga, Máximo D`Oleo Ramirez y César Sánchez, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo los acoge parcialmente.
En consiguiente contra los imputados se imponen las siguientes medidas de coerción:
Conrado Pittaluga, arresto domiciliario por espacio de nueve meses.
Radhamés Segura, Temístocles Montás, Andrés Bautista García y Ruddy González, unafianza ascendente a 15 millones de pesos, como garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica el primer lunes de cada mes ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, por espacio de nueve meses.
César Sánchez Torres, una fianza ascendente a 10 millones de pesos como garantía económica, impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por espacio de 9 meses.
Máximo DÓleo, una fianza ascendente a 5 millones de pesos, impedimento de salida del país y la presentación periódica el primer lunes de cada mes, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa por espacio de 9 meses.
La lectura integra de la decisión se fijó para el miércoles 19 de julio a las 9 de la mañana.