ODEBRECHT

La decisión de este jueves del Primer Tribunal Colegiado del DN

Las juezas que han conocido el proceso deberán juzgar con las pruebas y con la convicción de que hacen justicia.

Por Acento.com.do

Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional

A las 3 de la tarde de este jueves será dada a conocer la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que ha conocido el caso Odebrecht, sobre el pago de 92 millones de dólares de sobornos en la República Dominicana, confesión realizada por la propia empresa ante las autoridades de los Estados Unidos en diciembre de 2016.

El tribunal está compuesto por las magistradas Giselle Méndez, quien lo preside, Jissel Naranjo, y Tania Yunes. Este tribunal fue apoderado luego de haber transcurrido casi tres años en la Suprema Corte de Justicia, por jurisdicción privilegiada de uno de los imputados. El país está en expectativa, esperando la decisión, porque las versiones que circulan son abundantes sobre la potencial o posible condena, a todos los imputados, a sólo tres de los imputados, y los que apuestan al descargo de la totalidad de los imputados.

Las magistradas han llevado un proceso garantizando los derechos de defensa de los imputados y la representación acusadora del Ministerio Público, luego de que un juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia tomara decisiones sobre la administración de las pruebas y cuáles debían ser los imputados, excluyendo a uno que a última hora había sido incorporado por el Ministerio Público de la pasada administración.

En todos los países que han conocido procesos judiciales contra los involucrados en el caso Odebrecht (Colombia, Perú, Brasil, México, Panamá, entre otros) ha habido condenas y tragedias, incluyendo suicidios de un ex presidente de Perú y de un ex ministro colombiano. En proceso judicial dominicano ha sido extenso y polémico. El Ministerio Público investigó parcialmente muchos de los testimonios y pruebas, y no quiso acudir a Brasil para interrogar a los involucrados en las llamadas delaciones premiadas.

El Ministerio Público dominicano firmó un acuerdo de lenidad con Odebrecht, para no acusar a los funcionarios responsables de los sobornos, y para que esa empresa ofreciera todas las pruebas que poseía sobre los sobornos entregados. La empresa Odebrecht no cumplió con ese acuerdo, y tampoco ha cumplido con la entrega de los fondos comprometidos, que eran 184 millones de dólares, el duplo del monto del soborno.

La justicia dominicana tiene una gran responsabilidad con este caso. El país se movilizó durante meses y años pidiendo la condena de los responsables del soborno entregado por Odebrecht. Marcha Verde fue un fenómeno político e institucional, en reclamo de justicia. Las juezas que han conocido el proceso deberán juzgar con las pruebas y con la convicción de que hacen justicia. No todos los inculpados tienen el mismo caso o jugaron el mismo rol frente a Odebrecht.

Hay quienes creen que las juezas tendrán que condenar a parte de los imputados y liberar a la otra parte en la que ha habido menos contundencia en las pruebas en su contra. Tal vez la decisión esté relacionada con exclusiones y condenas. Sin embargo, hay que admitir que este caso ha tenido relevancia desde 2017, cuando se dieron las primeras informaciones sobre los sobornos admitidos por Odebrecht en por lo menos 12 países de América Latina y Africa.

El Ministerio Público ha jugado un rol institucional y responsable. En la administración del presidente Luis Abinader hubo continuidad de Estado, porque el nuevo Ministerio Público asumió este caso, bajo la premisa de que las decisiones previas de los imputados y los excluidos correspondían a decisiones más políticas que judiciales.

Le deseamos suerte a la justicia y el Ministerio Público en la decisión que será anunciada este jueves en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

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