El viernes 21, esta semana, el magistrado Francisco Ortega Polanco, emitirá su decisión sobre el caso Odebrecht presentado por el Ministerio Público, con imputaciones a siete personas como responsables de haber recibido 92 millones de dólares en sobornos por las 17 obras construidas por la empresa Odebrecht en la República Dominicana, entre el 2001 y el 2016.
No hubo auditorías a las obras construidas, y por tanto se carece de conocimiento acerca del nivel que hubo de sobrevaluaciones en las construcciones. Tampoco sabemos hasta qué nivel hubo intervención de la compañía brasileña en el financiamiento electoral, como fue norma de esa empresa en toda América Latina.
Los países en donde hubo investigaciones y compromiso de la justicia para escarbar y encontrar a los responsables de los sobornos y cómplices en esta trama, encontraron y sancionaron a los más comprometidos. Hay procesos judiciales abiertos todavía, mientras que en Brasil se discute sobre la honestidad del juez Sergio Moro, responsable de las sanciones en ese país a los relacionados con el famoso Lava Jato. Sergio Moro ahora es ministro de justicia del gobierno de Jair Bolsonaro.
En el caso dominicano hay muchas incógnitas y nadie tiene la certeza de que los procesados sean los verdaderos responsables del enriquecimiento ilícito.
El Ministerio Público firmó un acuerdo de lenidad con la empresa Odebrecht, y excluyó de responsabilidad a todos los funcionarios de esa empresa que pasaron por la República Dominicana. Se aplicó una multa de 184 millones de dólares a la empresa, pero se le permitió seguir operando en nuestro territorio, en especial por su responsabilidad en la construcción de la planta Punta Catalina. Por cierto, esta obra fue excluida por el Ministerio Público, bajo el entendido de que en ella no hubo sobornos, ni sobrevaluación, y por tanto los socios constructores de Odebrecht tampoco fueron tocados. La Cámara de Cuentas tampoco realizó su trabajo de una auditoría a esta planta que tiene un costo sobre los 2 mil millones de dólares.
¿Son los imputados los responsables de la recepción de los sobornos? ¿Hay personas que recibieron sobornos que fueron excluidas por el Ministerio Público? Son preguntas que quedan pendientes de respuestas.
La otra cuestión se relaciona con el manejo de las pruebas. ¿Por qué el Ministerio Público no acudió a los testigos ofertados por Odebrecht para identificar a los receptores de los sobornos? ¿Por qué el Ministerio Público no hizo cumplir a la empresa el acuerdo firmado de entregar las pruebas de los sobornos? ¿Por qué el Ministerio Público se negó a que los datos completos recaudados por ellos fueran conocidos por los procesados?
El magistrado Francisco Ortega Polanco, como juez especial del caso en su etapa preliminar, tiene que dictar una decisión sobre si procede o no el juicio de fondo a todos o algunos de los imputados. Y deberá tomar una decisión sobre la admisibilidad o no de las pruebas en el proceso penal de fondo, en el caso de que encuentre que algunos de los imputados debe ir a juicio de fondo.
Es un proceso que fue perdiendo relevancia, y en el que se destaca con mucha claridad los errores cometidos por el Ministerio Público en la preparación del expediente. Este caso, de nuevo, permitirá medir la calidad de la justicia dominicana, y hasta dónde llegan los niveles de impunidad en situaciones tan graves como las que están supuestas a descubrirse en este caso.