SANTO DOMINGO, República Dominicana-. El reclamo de que la Ley 87-01 de Seguridad social sea modificada de manera integral viene del Gobierno, de la sociedad civil, de congresistas, de médicos. Al llamado casi colectivo, se excluye a las Administradoras del Riesgo de Salud (ARS) agrupadas en la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS).
Para José Manuel Vargas, presidente de ADARS, sí hay que hacerle cambios a la Ley, pero aparentemente no son tantos. “Lo primero que hemos planteado es que la ley debe cumplirse. Eso es lo primero, y que no es verdad que en la parte de salud hay que hacer una modificación integral”, responde al cuestionarle sobre la propuesta que tiene el gremio, como representante de las grandes ARS privadas.
Una de las modificaciones que plantea, la primera, es que el aumento por inflación de la cápita se realice de forma automática, cada agosto, y tomando como referencia los números del Índice del Precio al Consumidor y la inflación en salud que otorga el Banco Central. “Ahora sucede que cada dos años, hay que reunirse todos los actores y pasarse varios meses discutiendo algo que debiera ser automático”, dice el presidente de ADARS.
Cinco propuestas en total menciona la ADARS en materia de cambios en la Ley de Seguridad Social, la misma que con 20 años de vigencia, todavía se anota con asuntos que nunca se han ejecutado, como la existencia de un seguro de desempleo, como lo establece su artículo 50, o la revisión anual de las tarifas mínimas de los honorarios de los médicos, como lo dice el artículo 173. El Gobierno hace poco formalizó un pacto social para hacer los cambios en la pieza legislativa, que supondrán eternos debates por parte de sus principales actores: Estado, empleadores y empleados.
La segunda propuesta de ADARS en el cambio de la Ley es que las atenciones en salud por accidente de tránsito, sea incluido en el catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud. “Estamos prestando (servicio) a través de una resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, no una, varias resoluciones. Y una resolución no puede estar por encima de la Ley”, explica.
Del catálogo de prestaciones (3), asegura que debe revisarse con mayor frecuencia, “y que las autoridades identifiquen los recursos para atender esas necesidades”, y reconoce, además, que la cobertura para la compra de medicamentos (4), también sea ampliada.
La última de las propuestas (5) mencionada a la modificación de la Ley, roza contra una decisión del Tribunal Constitucional del 2019, la cual ordena que los empleados públicos deben ser incluidos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y no en una ARS privada.
Esta decisión del alto tribunal, sustenta, contradice los principios de libre elección del afiliado. “Siempre hemos sostenido que el que paga un servicio tiene derecho a decidir donde lo recibe y creemos por tal razón, en el principio de la libre elección”.
Los frentes que tienen las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), son diversos: La lucha del Colegio Médico Dominicano para que se les aumenten los honorarios, el reclamo reciente de la Coalición Nacional por una Seguridad Social Digna para superar “la dictadura” de las ARS privadas e incluso el Congreso ha servido como escenario de crítica por las millonarias ganancias de las ARS privadas.
Pero escenario interno que muestra Juan Manuel Vargas es uno de pérdidas, y condiciona cualquier gasto adicional que pudieran tener las ARS privadas, como el aumento de los honorarios a los médicos, a un aumento de sus ingresos. “Ahora mismo, la cápita son RD$1,167.81 y solamente por inflación, habría que aumentarlo a RD$1,286.69 para que haya un equilibrio financiero. Eso, sin incrementar el catálogo de prestaciones”, calcula el presidente del gremio.