En el debate nacional aún persiste una respuesta anacrónica, atrasada y disociada de lo que hoy significa una relación Estado-sociedad. Es una refutación proveniente sobre todo desde algunos actores de los partidos políticos.
Se trata de que ante cualquier cuestionamiento realizado por parte de alguna organización de la sociedad civil, ya sea en el orden institucional o en la crítica relativa a determinada ejecución de políticas públicas, continúan expresando la siguiente grosería: ¡Si quieren participar, que formen un partido político!
Es la expresión de una perspectiva antidemocrática, excluyente, con un grado de intolerancia que no se corresponde con la actual visión de Estado a partir de lo establecido por la Estrategia Nacional de Desarrollo.
República Dominicana adolece de aprobar leyes “consensuadas” y de “participación de las fuerzas vivas de la nación”, preceptos y palabras gastadas que luego quedan soslayados al momento de su puesta en práctica.
La Estrategia Nacional de Desarrollo, – Ley 1-12 – fue el resultado de un amplio trabajo del que se ufanaron en su momento el gobierno y los partidos políticos, por la “participación de todos los sectores de la vida nacional” en su elaboración.
Este instrumento jurídico que posee la visión de Estado con miras al 2030, está conformado por 4 ejes estratégicos, el tercero se refiere a: Democracia Participativa y ciudadanía responsable. En consecuencia, la relación Estado-sociedad se sustenta de acuerdo a esta norma en la corresponsabilidad.
La Estrategia propone siete (7) políticas transversales, que se relacionan con componentes de algunos objetivos que para ser logrados deben atravesar el aparato estatal. El numeral 5 de éstas políticas es el siguiente:
“Promover la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, mediante la creación de espacios y mecanismos institucionales que faciliten la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad”.
Como vemos, esa visión 2030 no guarda la más mínima correspondencia con esa concepción autocrática, esa imputación incorrecta, distante de la participación social: “que formen un partido político”.
Como si los partidos políticos constituyen en éste momento la más alta expresión de la representatividad, racionalidad, ética, decencia, calificación técnica y visión sobre el desarrollo institucional del Estado.