El pasado miércoles 16, Milton Ray Guevara presidente del Tribunal Constitucional  tenía una conferencia en la universidad APEC. Entre los presentes estaba un grupo de jóvenes del auto denominado “Dominican@s por una Patria Justa”. Mientras el jurista hablaba se pusieron de pie un grupo de unos 10 jóvenes y una de las participantes comenzó a hacer una declaración relacionada con la necesidad de recordar que hace 2 años el TC, mediante la sentencia 168-13 desnacionalizó a más de 200,000 dominicanos y dominicanas sobre todo de origen haitiano.

Las y los jóvenes fueron sacados del salón, pero no sin antes hacer oír su proclama: “Rechazamos la Sentencia 168-13 que viola la Constitución y los Derechos Humanos. Exigimos que sea revocada y exigimos un pleno respeto al derecho a la nacionalidad y la identidad en nuestra tierra. Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a no dejarse engañar con discursos demagógicos, apoyando y participando de manera activa en el rescate de la dignidad plena de nuestros hermanos y hermanas desnacionalizados, en el rescate de la institucionalidad, de la Justicia y del Estado Social y Democrático de Derecho”.

Este hecho ocurrido podemos relacionarlo con el debate público que se ha suscitado en torno al contenido del libro de 6º de Ciencias Sociales de la Educación Primaria, en la Escuela pública dominicana. Dicho debate partió del “informe” sobre el contenido del mismo y su supuesta orientación pro-haitiana y anti-dominicana, elaborado por Manuel Mejía,  (Escritor pide retirar libro de texto, 4-9-15,  http://www.listindiario.com/la-republica/2015/09/04/386853/escritor-pide-retirar-libro-de-texto).

En el debate suscitado, como reacción al “informe” de M. Mejía, han participado intelectuales de la calidad de Raymundo González (Raymundo González desmonta avispero creado por partido de los Vincho sobre libro de historia,

http://acento.com.do/2015/politica/8282920-raymundo-gonzalez-desmonta-avispero-creado-por-partido-de-los-vincho-sobre-libro-de-historia y El libro de 6to grado está muy lejos de ser antidominicano y antipatriota, http://acento.com.do/2015/cultura/8284112-el-libro-de-6to-grado-esta-muy-lejos-de-ser-antidominicano-y-antipatriota), César Pérez (Se raja el Ministro, ante el chantaje ultra nacionalista, http://acento.com.do/2015/opinion/8282509-se-raja-el-ministro-ante-el-chantaje-ultranacionalista), J. T. Taveras  (La batalla de los libros, http://acento.com.do/2015/opinion/8283834-la-batalla-de-los-libros),  E. Puig (Ofensiva conservadora e irresponsabilidad estatal, http://acento.com.do/2015/opinion/8283865-ofensiva-conservadora-e-irresponsabilidad-estatal), M. Sang Ben (Lo demasiado hasta Dios lo ve, http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8283822-lo-demasiado-hasta-dios-lo-ve),  y T. Vargas (¿Por qué el libro de Ciencias Sociales, 6to curso?, http://acento.com.do/2015/opinion/8284123-por-que-el-libro-de-ciencias-sociales-6to-curso), entre otras y otros estudiosos sociales.

En primer lugar el llamado “informe” publicado en el Listín Diario por el periodista N. Medrano   pareciera tener la intención de lograr imponer a la población, dominicana, todavía aun más, las ideas conservadoras y discriminatorias con relación al tema de la identidad dominicana y la relación entre los pueblos dominicano y haitiano. Dichas ideas no son solo de Manuel Mejía, sino que él representa a un determinado grupo económico-partidario, que desde hace décadas se ha beneficiado y abusado de la mano de obra barata de la migración haitiana.

El “informe” elaborado por M. Mejía le falta sustentación y está técnicamente mal hecho; sus observaciones revelan que quien lo hizo carece de las competencias mínimas para tratar los temas principales a los que se refiere, que son fundamentalmente de carácter histórico y pedagógico. El historiador y educador Raymundo González es quien, en dos escritos dirigidos a Miguel Franjul, director del Listín Diario, mejor ha expresado su opinión, refutando el contenido de dicho informe.

Las conclusiones del “informe” y las temáticas que trabaja están centradas en la identidad e historia del pueblo haitiano, la negritud y en el enfoque sobre la esclavitud que existió en la isla y la definición de la identidad dominicana por oposición a lo haitiano, como ha sido costumbre en los intelectuales ligados a los intereses de los sectores más conservadores del poder económico y partidario. Y llega a la falsa conclusión de que como el libro toma en cuenta a Haití, su identidad e historia,  y lo define como vecino nuestro y como pueblo hermano, eso supone una supuesta descalificación del pueblo dominicano.

Las conclusiones del “Informe” de M. Mejía expresan de forma clara y precisa el objetivo explícito del “informe”: “Este libro debe ser retirado”. Y la conclusión no parece ser una simple sugerencia, sino una orden de un grupo que ideológicamente sustenta la práctica anti-haitiana y racista de un sector económico-partidario muy influyente de la coorporación dominante: PLD-PRD-PRSC-FNP. Y como es un grupo que tiene tanto poder se cree con el derecho de definir hasta lo que deben aprender las y los estudiantes de la escuela publica con relación a la historia dominicana y a su relación con el pueblo haitiano.

Las altas autoridades del Ministerio de Educación reaccionaron ante el “informe”, cometiendo dos errores graves: acatar la orden proveniente de la FNP y retirar enseguida el libro de las escuelas. Ambas cosas, según fuentes consultadas por el redactor de estas notas, se hicieron sin ni siquiera consultar al departamento de Currículo, el  cual está encargado de la revisión y de la aprobación de los libros de textos que se utilizan en los centros de educación pública, que deben estar acordes con el currículo educativo, que es el documento que señala lo que se debe aprender y enseñar en cada grado de la educación inicial, Primaria y Secundaria.

La ley de educación vigente  (66’97) señala, entre, los fines principales del proceso educativo: “Formar personas hombres y mujeres, libres, críticos y creativos, capaces de participar y construir una sociedad libre, democrática y participativa, justa y solidaria” (Ley 66,97, art. 6, a). No obstante la educación social, histórica y cívica que se está desarrollando en las escuelas públicas y privadas del país, en la mayor parte de los casos, está reflejando la ideología propia de los grupos tradicionalmente conservadores, que son, por naturaleza, antihaitianos, racistas y promotores de un trabajo en condiciones muy similares a la de antigua esclavitud.

La ideología conservadora no sólo está sustentada por algunos intelectuales ligados a los intereses de los principales grupos económicos y partidarios. Ésta está metida hasta los tuétanos en las entrañas y la conciencia de una buena parte del pueblo dominicano, de las y los educadores, de madres y padres de familia, de comunicadores sociales, sobre todo de aquellos sectores integrados y/o dependientes de los grupos partidarios de la corporación económico-partidaria dominante.

El Barómetro de Las Américas reflejó en su última encuesta (2014), que somos el país líder entre los 28 países de América Latina, El Caribe y América del Norte, que participaron en dicho estudios, en posturas ideológicas conservadoras o de derecha. Por eso en el capítulo 7 del informe de dicho estudio, titulado, “Actitudes democráticas y comportamiento político en República Dominicana”, se señala explícitamente: “Se encontró que las y los dominicanos se inclinan más a la derecha en sus orientaciones ideológicas que los entrevistados de otros países de la región. De hecho, cuando se hace la comparación regional, la República Dominicana, aparece como el país más a la derecha con un puntaje de 60.4 en la escala de 100 puntos”.

La construcción de una sociedad democrática, inclusiva, es un reto que debemos asumir todas las personas que creemos que es necesario darle un giro a las relaciones personales, familiares y sociales y políticas en este país, que aporte a la construcción de una sociedad solidaria, equitativa y justa. Eso incluye la formación de la conciencia para desenmascarar a quienes basados en un supuesto nacionalismo, imponen sus criterios y así sustentan una práctica discriminatoria y excluyente. Trabajar por la formación de personas y de mentes como las de los jóvenes que levantaron su voz en el mismo momento que lo hacía el presidente del TC, es precisamente un acto democrático, comprometido con los mejores intereses de los habitantes de los dos pueblos de nuestro territorio isleño.