La transformación digital se ha vuelto un pilar fundamental para el progreso económico, social y educativo en este siglo. Vivimos un momento en el que las redes de alta velocidad, la proliferación de plataformas virtuales y el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías están cambiando por completo la forma en que aprendemos, trabajamos y nos relacionamos. No obstante, a pesar de los avances, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estima que 2.6 mil millones de personas —un 33% de la población mundial— siguen sin acceso a internet, especialmente en áreas rurales o de escasos recursos. Esta realidad apunta a la urgencia de impulsar políticas inclusivas que integren a quienes se encuentran en la periferia digital.
En la República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader ha asumido la tarea de estrechar esa brecha y lo hace de manera decidida a través de la Agenda Digital 2030. En República Dominicana 4.0, un libro que explora al detalle este proceso, se describe cómo el país ha aumentado su cobertura de internet de un 52% en 2015 hasta más del 85% en 2023. Detrás de esos porcentajes hay esfuerzos concretos: extensión de redes de fibra óptica, despliegue de 5G y búsqueda de soluciones satelitales para comunidades apartadas. Sin embargo, algunos rincones del Cibao y zonas fronterizas aún registran conexiones que apenas rondan el 40-45%. Para enfrentar este reto, se coordinan acciones con empresas de telecomunicaciones, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, aspirando a alcanzar el 100% de banda ancha en todo el país.
El impacto de estos avances no solo se mide en números. Rosa, por ejemplo, es profesora en El Seibo. Solía impartir clases virtuales con enormes dificultades, dadas las constantes interrupciones en la red. Hoy, su escuela cuenta con un servicio de internet más sólido. Además, tras recibir capacitación digital, ella puede intercambiar material educativo y mantener una comunicación cercana con los padres de familia, incluso en zonas remotas. Son cambios de gran alcance para quienes antes se veían obligados a escoger entre la lentitud de procesos tradicionales o la imposibilidad de conectarse.
Este mismo afán de modernizarse se percibe en el programa Burocracia Cero, el cual ha conseguido digitalizar el 80% de los trámites en un Portal Único de Servicios Gubernamentales. Desde licencias de conducir hasta permisos de construcción, muchas gestiones pueden resolverse en línea, reduciendo filas eternas y elevados costos de transporte. El beneficio es aún más palpable para quienes viven en municipios alejados: un documento que antes requería días de trámites hoy se obtiene sin necesidad de salir de casa. Pedro, agricultor en Constanza, celebra la agilidad para tramitar licencias de exportación de su café orgánico, sin la intermediación costosa de terceros.
A la par de estas mejoras, se han entregado más de dos millones de dispositivos tecnológicos —computadoras portátiles, tabletas y kits de robótica— a estudiantes y docentes. Programas como el Expediente Único Estudiantil buscan centralizar el historial académico de cada persona, facilitando la continuidad educativa desde la primaria hasta la formación universitaria y técnica. De la misma manera, se ha reforzado la preparación de profesores para que integren recursos digitales a la enseñanza diaria. Este enfoque integral no solo reduce la brecha tecnológica, sino que, de acuerdo con reportes actuales, eleva notablemente los índices de retención escolar y el rendimiento en asignaturas clave.
No obstante, queda un largo camino por recorrer. Muchas zonas rurales continúan con servicios de internet de baja calidad, lo que dificulta la realización de videollamadas fluidas o el acceso a telemedicina avanzada. Además, el costo de la conexión puede resultar prohibitivo para familias en situación de vulnerabilidad, mientras que la producción de contenidos locales, que reflejen la cultura y las necesidades de cada comunidad, sigue siendo insuficiente. Tanto las personas mayores, como los adultos que no han manejado tecnología y las poblaciones dispersas, requieren programas de formación ajustados a sus realidades para no quedar al margen de la digitalización.
Tampoco puede soslayarse la ciberseguridad. El creciente número de usuarios conectados abre la puerta a ataques informáticos y fraudes. La República Dominicana aprobó una ley que refuerza la protección de datos y constituyó el Centro Nacional de Ciberseguridad, encargado de anticipar y enfrentar riesgos emergentes. Aun así, se necesita fomentar la cultura de la prevención, invertir en soluciones más avanzadas y actualizar constantemente las normas para salvaguardar tanto la privacidad de los usuarios como su confianza en el entorno digital.
En este proceso transformador, la colaboración multisectorial es esencial. Universidades, institutos técnicos, organizaciones civiles y el propio gobierno se han unido en foros de cocreación y veedurías para supervisar la implantación de la Agenda Digital 2030 y proponer mejoras. Se elaboran soluciones tecnológicas que responden de manera concreta a problemas comunitarios, desde el cuidado del medio ambiente hasta la inclusión de personas con discapacidad. Esta experiencia colectiva propicia políticas más atinadas y duraderas.
Por otra parte, la transformación digital impacta directamente en la competitividad económica. Entre 2020 y 2023, se han superado los US$1,500 millones en inversiones extranjeras vinculadas con zonas francas digitales, parques tecnológicos y emprendimientos basados en big data y fintech. El turismo inteligente gana fuerza con aplicaciones que optimizan la experiencia de los viajeros, promoviendo destinos culturales y ecológicos mientras se diversifica la economía dominicana. Algunas proyecciones sugieren un repunte notable del PIB si la expansión digital continúa.
Mirando al 2030, la República Dominicana aspira a ser un referente tecnológico, con una conectividad universal y un sistema educativo que impulse las competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La transparencia en los servicios digitales y la protección de los derechos del usuario figuran entre las prioridades, sin descuidar la identidad cultural ni la sostenibilidad ambiental. Para ello, cada sector social debe trabajar de la mano: el gobierno, creando marcos regulatorios claros e inversiones estratégicas; la empresa privada, ofreciendo servicios de calidad y precios asequibles; la academia, investigando y formando el talento que la era digital demanda, y la ciudadanía, participando activamente y exigiendo evolución continua.
Los siguientes pasos incluyen extender la formación en competencias digitales a todas las edades y niveles socioeconómicos, así como alentar la producción de contenidos locales de valor. Asimismo, la inteligencia artificial y el manejo masivo de datos plantean desafíos éticos que se deben abordar con normas adecuadas y concientización a gran escala. En definitiva, la experiencia dominicana muestra que una visión política consistente y la voluntad de sumar esfuerzos desde diversos frentes pueden convertir la digitalización en un motor de oportunidades para la gente.
El trayecto no está exento de contratiempos, pero la ruta ya está trazada. De esta manera, la República Dominicana avanza hacia su propia “versión 4.0”, donde la tecnología no se convierte en un fin último, sino en una herramienta para mejorar la calidad de vida, generar empleo de calidad y fomentar la participación ciudadana. El país confirma que es posible pasar del acceso a la verdadera oportunidad, cuando la innovación responde a las necesidades concretas de la población y se convierte en el puente hacia un futuro más inclusivo y resiliente para todos.
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