El 15 de septiembre de 1993 la entonces jueza Miriam Germán depositó en el departamento de Correspondencias del Palacio Nacional una carta dirigida al presidente Joaquín Balaguer en la que respondía a un reproche público que había hecho el mandatario por una sentencia que favorecía a un acusado de narcotráfico.
En la misiva, de manera contundente, Germán rebatía a Balaguer por sus críticas al sistema de justicia en ese momento, y le aseguraba que, como juez, no estaba entre sus aspiraciones postrarse ante a los pies de ningún poder.
“Ahora bien, como juez, no está entre mis aspiraciones postrarme a los pies de ningún Poder ni organismo de investigación, el que desee un juez servil, que por temor a insultos gratuitos se convierta en una simple instancia de confirmación y trámite de arbitrariedades, bien puede buscarlo en otra parte. Que nadie cuente conmigo para condenar en base a “aunque no se le encontró nada comprometedor, una fuente dice…”, tampoco para bendecir reaperturas de procesos que por carecer de motivos realmente nuevos, no son otra cosa más que una violación a aquello de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho”, afirmó Germán, que poco más de 20 años después se convirtió en procuradora general de la República.
El tema sale a colación a raíz de las recientes declaraciones de la procuradora Germán, en las que básicamente reiteraba esa posición, asegurando que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de recado de parte del presidente de la República Luis Abinader, lo que se manifiesta en una verdadera independencia del Ministerio Público.
“Tenemos la suerte de que el presidente no quiere intervenir y yo como procuradora no quiero ponerme a los pies de nadie”, dijo durante su disertación sobre la transformación del Ministerio Público a la luz de su reforma institucional, en un evento organizado por la Cámara Americana de Comercio en la República Dominicana.
A continuación la carta íntegra de Germán a Balaguer:
Miriam Germán Brito
15 de septiembre, 1993
Honorable Señor Presidente:
Contrariando lo que debe ser la discreción de un juez que debe limitarse a expresar su parecer mediante sentencia, me veo en la obligación de hacerle algunas precisiones con motivo de las declaraciones con que usted justificó el tratamiento al señor Fernando García Valdebenítez, juzgado en primer grado por quien suscribe. Lo hago en razón de que aunque no me sorprende el desprecio que usted exhibe por el poder judicial, he pretendido llevar un camino de decencia y autorrespeto por el que he tenido que pagar un alto precio.
En lo que se refiere al señor García Valdebenítez, éste no fue sorprendido en condición de flagrancia, niega los hechos en todo momento y la persona que en principio lo señaló afirmando que él había venido al país a preparar el terreno, luego se desdice tanto en la jurisdicción de instrucción como en la de juicio, niega haber afirmado tal cosa.
Tengo entendido que usted como profesor lo fue de Derecho Civil, pero dada su formación, supongo que no ignora cuál es el valor de las declaraciones de un coacusado con respecto a los hechos de otro, si éstas no son avaladas por otros elementos y sobre todo, en una situación como a la que hago referencia, en que se produjo una retractación.
En la sentencia del caso que dio lugar a sus desconsideradas afirmaciones, tres personas fueron condenadas a trece años, dos a diez, cuatro a tres años y cinco fueron descargadas. Cual que sea el valor que se le quiera dar a la Constitución, lo cierto es que la presunción de inocencia tiene rango constitucional y corresponde a un funcionario público designado por usted probar fuera de toda duda los elementos que destruyan esa presunción; si no lo hace, se impone el descargo.
Ahora bien, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿por qué ese funcionario, ese Ministerio Público, que depende de usted, no recurrió en casación esa sentencia, es que los tales vicios de ella sólo existen para justificar lo que no tiene justificación y además hacerlo a costa del nombre ajeno?
Además, si como usted dijo, ese era un hecho comprobado, por qué al momento de la reacción del gobierno de Colombia, ya una parte de esa sentencia había sido ejecutada, ¿cuál es el criterio de selectividad? La sentencia que da lugar a esta carta fue confirmada por la Corte de Apelación, de manera casi total, las motivaciones de la Corte no las conozco ni me interesan. Ahora bien, como juez, no está entre mis aspiraciones postrarme a los pies de ningún Poder ni organismo de investigación, el que desee un juez servil, que por temor a insultos gratuitos se convierta en una simple instancia de confirmación y trámite de arbitrariedades, bien puede buscarlo en otra parte.
Que nadie cuente conmigo para condenar en base a “aunque no se le encontró nada comprometedor, una fuente dice…”, tampoco para bendecir reaperturas de procesos que por carecer de motivos realmente nuevos, no son otra cosa más que una violación a aquello de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Sólo cuente con mi sentencia condenatoria, cuando el Ministerio Público cumpla su obligación de probar y los que investigan dejen de acomodar expedientes para después rasgarse las vestiduras. Los principios son para ser aplicados independientemente de la valoración que nos merezca el eventual beneficiario.
Al momento de juzgar, pretendo, sólo pretendo, hacerlo sin pasión, pero también sin miedo; no está entre mis deberes por un mero indicio, una simple sospecha, enviar un ciudadano a la cárcel.
Sus afirmaciones tienen un alto contenido de injusticia, no espero ni invoco rectificación de su parte, usted ha dado muestras reiteradas de que menosprecia el Poder Judicial.
Le escribo sencillamente porque teniendo hijos conocidos, quiero que les conste que su madre no tuvo formación ni temperamento para callar ante el insulto gratuito, importando poco la jerarquía de quien lo profiere, ni para dejar al incierto destino de una página en blanco la respuesta responsable.
Se despide,
Lic. Miriam Germán Brito
Luego de recibir la carta, Balaguer respondió a Germán con el siguiente comunicado:
Honorable Magistrada:
Recibí complacido su valiente comunicación de fecha 15 de noviembre de 1993, en la cual alude, en términos claros y contundentes, a su participación como Juez de la Cámara que estuvo apoderada para conocer del proceso incoado contra el ciudadano colombiano Fernando García Valdez Benítez, por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
Es la primera vez que recibo, de parte de un miembro de la Administración Pública, una comunicación de tanta altura como la suya. Comparto muchos de los criterios vertidos por usted en esa carta, pero disiento sinceramente de otros.
Admito, como usted, que los desacatos a las decisiones judiciales por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Policía Nacional, constituyen un borrón en la democracia que todos los dominicanos nos hemos empeñado en crear y mantener en las últimas tres décadas. Lo procedente habría, sido, en el presente caso, como en otros anteriores, que el Jefe del Ministerio Público de la Corte que juzgó en segundo grado al
acusado, hubiera hecho uso de su derecho y de su obligación de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, para pedir la revocación de la sentencia dictada en ambas jurisdicciones en favor de la persona acusada de introducir al país varios kilos de cocaína.
Lo correcto hubiera sido tambien, como usted lo advierte juiciosamente, que el Jefe del Ministerio Público en todo el país, el Procurador General de la República, hubiera requerido de su subalterno el cumplimiento de ese deber, si es que ese funcionario desea mantener en alto el buen crédito de la judicatura dominicana.
Tampoco comparto su criterio de que el suscrito menosprecia la justicia dominicana A quienes menosprecian todos los dominicanos sin distinción de partidos, pero con vocación nacionalista, es a los Jueces que enlodan diariamente su toga, abdicando de su deber por un puñado de lentejas.
La justicia de nuestro pais en la hora presente puede ser corrupta, pero es absolutamente libre. Usted misma, fundándose en su experiencia personal, sabe que el suscrito no intervino en su designación, porque su norma ha sido siempre al través de su carrera pública, la de no intervenir en la designación ni en la actuación de los jueces. Aquí, dígase lo que se diga en contrario, existe Estado.
Los miembros de la judicatura nacional, durante los periodos de gobierno que he presidido, han sido designados con absoluta independencia por el Senado de la República. De mis manos no ha salido ninguna recomendación en favor de ningún miembro de nuestra judicatura. Es cierto que en muchos casos los Senadores han actuado, al hacer la designación de los jueces, inspirados en motivaciones políticas, pero no hay uno sólo de esos Magistrados que haya sido recomendado u objetado por quien firma esta comunicación en su calidad de Primer Magistrado de la República.
Si hay jueces venales es, principalmente, porque el Senado actuó en el caso de tales jueces con precipitación. Con frecuencia se alega que corrupción reinante en algunos pequeños sectores de la judicatura nacional obedece a los bajos salarios que recibe del Estado. Creo,. por el contrario, que 1 dignidad de un hombre o de una mujer no se lleva en el bolsillo, sino en la sangre.
La llamada a velar por la dignidad de la justicia en nuestro país, es la Suprema Corte. Ese alto tribunal goza, en virtudes disposiciones específicas de la Constitución y de otras leyes vigentes, de la facultad de sancionar disciplinariamente los jueces que trafican con su investidura Pero reconozco.que usted ha puesto el dedo en la llaga con la carta que me ha dirigido, para responsabilizarme de grave situación que se presenta cada vez que la Dirección Nacional de Control de Drogas o la Policía Nacional, desobedece una orden emanada de un tribunal cualquiera de la República, no importa el grado ni el respeto o el irrespeto con que visto por la sociedad en cuyo se ejerce sus funciones.
No le oculto que sus argumentos me han impresionado y profundamente. Que usted merece por ello toda mi consideración y todo mi respeto.
En esta misma fecha estoy procediendo a designar por Decreto una Comisión la cual contará con todo mi respaldo, que tendrá a su cargo el estudio de los de desacatos a las decisiones judiciales y que tomará cuantas medidas sean necesaria para que esa grosera violación de nuestra Carta Orgánica sea en lo su erradicada, sin tomar en cuenta para ella ni las conveniencias políticas ni las recomendaciones procedentes de organizaciones nacionales 0 extranjeras.
Le presento mis disculpas por cual es que pronunciamiento público que hay de hecho el suscrito y que directa o indirectamente haya podido ofender o herir en lo más mínimo su sensibilidad como dominicana o como miembro de nuestra Judicatura.
Le saluda muy atentamente, Joaquin Balaguer
