Río de Janeiro, 17 mar (EFE).- Los fiscales responsables por la investigación de los desvíos en la petrolera brasileña Petrobras (caso Lava Jato que destapó el escándalo de Odebrecht), que hoy cumplió tres años, alertaron sobre las iniciativas de algunos políticos y organismos para frenar el proceso que destapó el mayor escándalo de corrupción en Brasil.
"Tenemos a buena parte del Legislativo y del Ejecutivo contra la investigación. Hay organismos que intentan impedirla. Hay intentos para derrumbar la investigación y la población tiene que estar atenta a eso", alertó el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, uno de los responsables por el caso, en una rueda de prensa en la que se hizo un balance del llamado proceso "Lava Jato".
Dos Santos Lima dijo que Brasil tiene que estar alerta sobre las medidas para frenar la lucha contra la corrupción que puedan impulsar los cerca de 100 políticos con fuero privilegiado que la Fiscalía pidió investigar esta semana por supuestamente haberse beneficiado de los desvíos en Petrobras.
De acuerdo con los datos divulgados hoy por la Fiscalía, en tres años y 38 fases, el Lava Jato ha conseguido 130 condenas contra 89 personas, contabilizando un total de 1.362 años, 5 meses y 21 días de pena.
"Basta una noche en el Congreso para que todo el Lava Jato caiga por tierra", aseguró el fiscal, al recordar que el año pasado el Parlamento aprobó en una madrugada modificaciones que desfiguraron por completo una legislación de iniciativa popular para luchar contra la corrupción.
Agregó que el año pasado "la clase política" también intentó aprobar en el Congreso una amnistía para los candidatos que recibieron recursos ilegales en sus campañas electorales y una ley que limitaba la acción de los fiscales sobre autoridades.
"Estamos en un momento de felicidad (por los resultados alcanzados por la investigación) pero también de mucha tensión y de cuidado ", afirmó.
En la misma rueda de prensa, el fiscal Deltan Dallagnol, otro de los responsables por el Lava Jato, criticó el fuero privilegiado que protege a los políticos en Brasil, que sólo pueden ser juzgados por la Corte Suprema, un tribunal constitucional que es históricamente lento cuando asume procesos penales.
Dallagnol agregó que la investigación del escándalo en Petrobras supuso "un momento de ruptura del ciclo de corrupción y de la impunidad de los círculos de poder en Brasil" y que su buen desenlace dependerá de que se aprueben en Brasil leyes que combatan efectivamente los desvíos en el país.
De acuerdo con el Fiscal, el Lava Jato sirvió como presión para que el Congreso aprobara una ley que prohíbe a los candidatos a cargos públicos recibir donaciones de empresas pero aún faltan muchas leyes para garantizar la buena marcha de la lucha contra la corrupción.
Según Dallagnol, Brasil aún tiene que avanzar en una profunda reforma del sistema político y en otra que le de mayor eficacia a la Justicia.
De acuerdo con los datos divulgados hoy por la Fiscalía, en tres años y 38 fases, el Lava Jato ha conseguido 130 condenas contra 89 personas, contabilizando un total de 1.362 años, 5 meses y 21 días de pena.
Entre los condenados figuran exaltos ejecutivos de Petrobras y los presidentes de varias de las mayores constructoras brasileñas, que pagaban sobornos a políticos a cambio de ser favorecido con los contratos de la estatal.
En el balance de la operación también fueron destacados los 155 acuerdos de colaboración con personas físicas y diez de lenidad con empresas que permitieron a las autoridades recuperar cerca de 10.000 millones de reales (unos 950 millones de dólares) de lo que había sido desviado.
De acuerdo con la Fiscalía, sólo los delitos denunciados en primera instancia contemplan pagos de sobornos de cerca de 6.400 millones de reales (unos 2.025 millones de dólares), mientras que el bloqueo de bienes de imputados alcanzó los 3.200 millones de reales (unos 1.010 millones de dólares).
La operación llegó a sus tres años a un nuevo nivel con la decisión de la Fiscalía esta semana de solicitarle a la Corte Suprema que abra 83 investigaciones contra políticos con fuero privilegiado salpicados por el escándalo.
Estas investigaciones fueron solicitadas con base en las delaciones de 77 exdirectivos de la constructora Odebrecht que aceptaron colaborar con la Justicia a cambio de reducciones en sus penas.
Según versiones de prensa, los ejecutivos de la constructora revelaron la lista de políticos de todos los partidos a quienes hicieron donaciones electorales ilegales o sobornaron a cambio de adjudicarse contratos públicos.
Pese a que los testimonios de los ejecutivos y las peticiones de investigación están bajo sigilo, versiones de prensa indican que salpican al menos a seis ministros, nueve senadores, seis diputados y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. EFE
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