Durante la última semana de septiembre 2021, los seis acusados en el caso Odebrecht expresaron lo que serían sus últimas palabras de defensa material ante el tribunal que dará fin este jueves al caso de corrupción.
El caso Odebrecht inició en 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público que la empresa pagó alrededor de US$ 788 millones en sobornos en 12 países, incluyendo República Dominicana. El pago de sobornos en el país se valoró en US$ 92 millones.
En un principio estuvieron vinculadas 14 personas, incluyendo funcionarios y servidores públicos, de los cuales seis llegaron a la etapa final del juicio.
La última defensa material
Ángel Rondón Rijo fue el primero de los imputados en presentar sus alegatos finales. Afirmó confiar en la justicia y dijo sentirse "entristecido" porque el juicio fue "político", "se convirtió en un circo" y "se buscó todo menos la verdad".
- Rondón está acusado de pagar sobornos a funcionarios y legisladores, además de lavado de activos producto de infracciones graves.
Andrés Bautista, por su parte, dijo que los únicos motivos por los que fue incluido en el caso fue porque denunció la corrupción del Gobierno de Danilo Medina, porque solicitó una auditoría de la central de Punta Catalina y porque llamó a la población a manifestarse en la marcha verde contra la corrupción.
El exsenador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) centró su alegato en criticar a Medina y al exprocurador Jean Alain Rodríguez, a quien acusó de crear una "cortina de humo" para proteger al Palacio Nacional.
- Bautista está acusado de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, y lavado de activos producto de infracciones graves.
Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas, usó su discurso final para denunciar las "falsedades, incongruencias e imprecisiones" de la acusación.
En sus últimas palabras, Díaz Rúa también se quejó de que el Ministerio Público haya solicitado confiscar todos sus bienes, sin detallar qué compró con dinero ilícito.
- Díaz Rúa es acusado de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, y lavado de activos producto de infracciones graves.
En su última intervención, el exsenador Tommy Galán repetía "¿Qué hago aquí? ¿Qué busco aquí?". Expresó que es la misma cuestión que ha puesto en duda desde junio de 2018, cuando se presentó en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Entiende que el Ministerio Público nunca pudo contestar de cuánto fue su soborno, quién se lo dio, a través de qué, dónde se ha reflejado y quién tiene ese dinero.
- Galán es acusado de acusado de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, y lavado de activos producto de infracciones graves.
El abogado Conrado Pittaluga defendió que no es cierto que sean simulados los contratos de servicios profesionales que prestó en la Autopista del Coral, una obra de la constructora Odebrecht de las que figuran en el expediente del Ministerio Público.
- Pittaluga es acusado de complicidad en el soborno a funcionarios y lavado de activos producto de infracciones graves.
Roberto Rodríguez, caracterizado por llevar un perfil bajo y por hablar poco, abundó en su experiencia combatiendo la depresión desde 2012. "Entré muriéndome y aquí me recuperé", decía acongojado, y continuaba narrando que "su inocencia le dio todo el valor que necesitaba para recuperarse".
Su defensa ha hecho hincapié en que la participación de su cliente no fue determinante para la selección de la empresa de construcción en proyectos públicos. Exigió, incluso, que el órgano persecutor sea condenado al pago de los gastos judiciales de su cliente.
- Rodríguez es acusado de acusado de soborno en el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito y falsedad en las declaraciones juradas, y lavado de activos producto de infracciones graves.
La petición de penas más altas, de diez años, recae en Rondón y en el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa.
Para el abogado Conrado Pittaluga el Ministerio Público solicitó siete años de prisión, y cinco años para los exsenadores Andrés Bautista, Tommy Galán y Juan Roberto Rodríguez.