Aunque los delitos de la corrupción y del enriquecimiento a costa de la función pública y de los recursos del Estado se suele observar como un asunto de los políticos, no es menos cierto que los altos mandos militares tradicionalmente han sido señalados, aunque en raras ocasiones sometidos, por estos ilícitos.

Las operaciones anticorrupción identificadas como Antipulpo, Operación 13, Coral, Operación Medusa, Falcón y la más reciente Coral 5G, llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República, involucran a 14 militares y policías en un entramado de corrupción en perjuicio del Estado.

Por primera vez, las Fuerzas Armadas tienen en presión a cuatro generales acusados de malversación de fondos públicos, lavado de activos y otras imputaciones penales, según el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).

Los 14 nombres son:

  1. Mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre
  2. General de Brigada de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou
  3. General de Brigada del Ejército Juan Camilo De los Santos Viola
  4. General de Brigada del Ejército Boanerges Reyes Batista
  5. Capitán de navío (coronel) Franklin Antonio Mata Flores
  6. Coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz
  7. Teniente coronel Rafael Núñez De Aza
  8. Coronel Miguen Ventura Picardo
  9. Mayor Erasmo Roger Pérez Núñez
  10. Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez
  11. Cabo Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez
  12. Cabo de la policía Tanner Antonio Flete Guzmán
  13. Agente policial José Manuel Rosario Pirón
  14. Sargento Alejandro José Montero Cruz
General Adán Cáceres Silvestre, sometido por corrupción.

Así funcionaban las operaciones

Al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exdirector del CUSEP y al general de brigada Juan Carlos Torre Robiou, ex director del CESTUR, principales acusados en las operaciones Coral y 5G, se le atribuye un supuesto desfalco al Estado por RD$ 3,000,000,000 durante los ochos años de los gobiernos de Danilo Medina.

Otros seis generales de varias instituciones militares y de la Policía que administraron fondos estatales, han sido investigados por el Ministerio Público con relación a las operaciones anticorrupción de la Procuraduría, , según fuentes del Ministerio Público.

Los tres generales más próximos al expresidente Danilo Medina adquirieron durante su gobierno bienes como villas turísticas, terrenos, proyectos habitacionales, industrias, vehículos de alta gama y otras propiedades que no pueden justificar con el ingreso que perciben como militares.

Dinero, que según la acusación del Ministerio Público, era sustraído de los presupuestos de entidades militares y mediante tráfico de influencia para colocar allegados en posiciones administrativas y así tener controles de las finanzas.

Hasta ahora guardan prisión preventiva en la cárcel Modelo hombres de Najayo el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre,los generales de brigada Juan Carlos Torre Robiou (FARD), Julio De los Santos Viola (ERD) y Boanerges Reyes Batista de la misma institución.

En la misma situación están los coroneles Franklin Mata Flores, Carlos Augusto Cruz y Miguel Ventura Pichardo, acusados por el Ministerio Público de las mismas infracciones penales.

Las Fuerzas Armadas, en representación del Ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, han facilitado todas las informaciones y documentos requeridos por la Procuraduría General de las entidades militares envueltas en la investigación, afirman colaboradores cercanos del alto jefe militar.

Con el apresamiento del mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina, se develó todo un entramado de corrupción que afectó los presupuestos militares de varias de las entidades militares, con miles de millones de pesos aportados por los contribuyentes.

La corrupción fue tal en las Fuerzas Armadas, que tanto el mayor general Cáceres Silvestre como Juan Carlos Torres Robiou son acusados de enriquecimiento ilícito mediante la falsificación de documentos, abultamiento de nóminas para beneficio propio, tráfico de influencia, sobornos y otras penalidades.