El conflicto entre Uber, los taxistas de Punta Cana y el Intrant no es algo de ahora. Todo comenzó en septiembre del 2020 cuando agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en Bávaro y Punta Cana empezaron a detener a conductores de Uber “por brindar servicio de taxi sin permiso”, según le expresaron en ese momento.
Fue a raíz de ese momento, los choferes de taxis turísticos en Punta Cana le declararon la guerra a los socios conductores de Uber, quienes tenían desde el mes de agosto de ese año operando en ese polo turístico, y en el resto del país desde el 2015.
Para ese entonces, en declaraciones a periodistas, los conductores de la plataforma móvil narraron que los taxistas locales bajaban a los turistas de los carros bajo amenaza y los obligaban a utilizar el servicio de taxi local.
El problema se prolongó por varios meses sin atención de las autoridades, hasta que en uno de los encuentros un conductor de Uber resultó herido. El hecho violento ocurrió en el paraje de Verón.
Según los relatos de los conductores de Uber, una vez su compañero dejó a sus clientes, el taxista que lo perseguía se desmontó del vehículo sin mediar palabra y, junto a otros, emprendieron un ataque a bates y puñales contra ellos.
Aunque de momento se utilizó la premisa de que Uber no contaba con los permisos necesarios para operar allí, la razón real de los enfrentamientos se debe a que las tarifas de los taxis locales superan por mucho las de la plataforma digital, siendo un recurso de preferencia para los clientes.
Tras varios escándalos y denuncias por redes sociales, en diciembre del 2020 el Intrant instó a los taxistas de la plataforma Uber a “detener todas las actividades en los entornos de aeropuertos, mientras no sea aclarado el conflicto" y los llamó a formalizar sus actividades.
Ante las presuntas amenazas del CESTUR y el Intrant, la empresa Uber aclaró que cumple con las leyes locales de transporte.
Luego de esa instancia en marzo de este año el Ministerio de Turismo intercedió en el conflicto y anunció el fin de los problemas entre Uber, el Intrant y los taxistas con la firma de un memorándum de entendimiento.
Dicho acuerdo fue firmado solo por el Intrant y la plataforma Uber representada por Carlos Ferdinand, pero no contó con el conglomerado de taxistas locales. Pese al acuerdo firmado las problemáticas continuaron.
ACENTO hizo el esfuerzo de conseguir tal documento pero ninguna de las partes involucradas, incluyendo al Ministerio de Turismo, pudo proveer una copia.
Resolución del Intrant
Tal parece que una resolución del Intrant del 2018 es lo que impide que las taxis de aplicaciones tecnológicas no registradas entren a hoteles turísticos a recoger a los pasajeros. La misma explica que solo podrán entrar cuando cuando sea dispuesto como destino final, sin poder recoger a ningún huésped o pasajero.
Además, dispone que los taxis por plataforma tecnológica no podrán registrar choferes ni vehículos que estén registrados en una organización de taxis diferente a las de éstos.
Regularán las plataformas
El pasado primero de noviembre el Intrant anunció que "regulará" las plataformas como Uber, disponiendo que las mismas no podrán brindar el servicio a no menos de un kilómetro de distancia del área donde prestan servicio los taxis turísticos tradicionales ni de la puerta principal de los hoteles de las regiones este, norte y 200 metros en el Gran Santo Domingo.
Asimismo, incluye que las plataformas están obligadas a informar al Intrant de la salida de un conductor, tener una póliza de responsabilidad civil que deberá cubrir al menos la muerte o lesiones a una persona, incapacidad permanente o temporal, gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.
En cuanto al registro las empresas deberán presentar la dirección de la oficina que representa a dicha compañía en el país, nombre del representante legal, documentos certificados y mantener la lista de conductores registrados y actualizados.
En cuanto a los conductores, la disposición incluye la suspensión de sus licencias de trabajo de acuerdo al comportamiento o sanciones que reciban. Además, por obligación deberán portar el carnet de acreditación, para lo cual se le pedirá un documento que muestre la ausencia de antecedentes penales, delitos de naturaleza sexual, prueba de antidoping actualizada, entre otras.