SANTO DOMINGO, República Dominicana.-“Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral”, dijo Juan Bosch en 1982.
En efecto, Don Juan Bosch (1909-2001), abandonó el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a finales de 1973 para fundar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), convencido de que el viejo partido blanco había cumplido su misión históríca y hacía falta una nueva organización para "completar la obra de Juan Pablo Duarte y los Trinitarios", es decir: alcanzar la soberanía, la justicia social, disminuir la pobreza y, sobre todo, combatir la corrupción.
Bosch el PLD se fortalecieron denunciando y condenando la corrupción en el Estado en los gobiernos del Partido Reformista y del PRD. En el gobierno de Antonio Guzmán (PRD 1978-1982) y en el de Salvador Jorge Blanco (PRD 1982-1986) el PLD liderado por Bosch publicó ediciones especiales de su periódico Vanguardia del Pueblo bajo el título de Album de la corrupción I y II. En esas publicaciones se denunciaba, más que nada, el ascenso económico y social de los funcionarios del PRD, que habían cambiado sus vehículos, su hábitos de consumo, su forma de vestir, su lugar de vivienda.
Cuando el PLD llegó al poder en 1996, con Leonel Fernández candidato presidencial, basó su campaña en la promesa de eliminar la corrupción.
Sin embargo, con el paso de los años la corrupción se ha convertido en la principal piedra de escándalo del PLD. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) varios de sus altos dirigentes han sido denunciados o sometidos a la justicia acusados de delitos que atentan contra el estado dominicano, siendo señalados como presuntos traficantes de influencias e enriquecimiento ilícito.
Sin bien muy pocos han sido procesados por corrupción, ha muchos casos notables de funcionarios y dirigentes del PLD que no pueden explicar con claridad el origen de sus fortunas ni el crecimiento astronómico de sus patrimonios, sobre todo cuando apenas tenía como ganarse el pan cuando llegaron a la administración del Estado.
El primer gran escándalo de corrupción del PLD en el poder fue el relativo al Plan Eventual Mínimo de Empleo (PEME), por el cual varios funcionarios peledeístas fueron acusados de malversar más de RD$1,000 millones. Por este caso fueron acusados Diandinao Peña, Haivajoe Ng Cortiñas, Simón Lizardo, Luis Incháusti, entre otros. El caso, sometido a la justicia durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), se extendió hasta que el PLD regresó al poder en 2004. El Gobierno se desinteresó del expediente, y los pocos condenados fueron indultados.
Otro funcionario acusado a raíz de la primera gestión de gobierno del PLD fue el ingeniero Félix Bautista, a quien se sometió a la justicia por la supuestra sobrevaluación de la carretera de Vallejuelo, en San Juan de la Maguana. Fue descargado en los tribunales.
Con el regreso del PLD al poder, en 2004, se produjeron los peores escándalos de corrupción. La lista de los escándalos la encabeza Víctor Díaz Rúa, secretario de Finanzas del PLD, exdirector de INAPA y exministro de Obras Públicas, y en la actualidad uno de los principales acusados del caso de corrupción Odebrecht, pero que ha sido vinculados a varios casos de corrupción en distintos períodos gubernamentales.
En el 2014, Víctor Díaz Rúa fue sometido a la justicia acusado de actos de corrupción y lavado de activos durante ejercicio de sus funciones como ministro de Obras Públicas.
Sin embargo, la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional ordenó el archivo definitivo de las querellas penales en su contra.
El magistrado acogió la petición del exfuncionario de declarar la nulidad de la investigación que durante 18 meses llevó a cabo la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
Tras hacerse pública la sentencia, Reynoso escribió en su cuenta de Twitter: “18 meses de investigación, cientos de evidencias pero está prohibido judicialmente perseguir la corrupción!".
En el caso Odebrecht, Díaz Rúa está acusado de lavar más de 35 mil millones de pesos, monto que supera seis veces el monto que la empresa confesó pagara a políticos dominicanos por la concesión jugosos contratos de obras públicas.
Fue a partir del segundo de gobierno de Leonel Fernández, 2004-2008, cuando los peledeístas empezaron a aparecer en reportes nacionales e internacionales en materia de corrupción y a sacar malas notas en transparencia.
El senador Félix Bautista, quien desconoce el valor de su fortuna, fue acusado de "desaparecer" 6,500 millones de pesos del caso Sund Land, 130 millones de dólares contratados de manera irregular para la construcción de una serie de obras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Caso que no tuvo consecuencias.
Según denunciaron, en ese momento, abogados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), hay más de 50 folios de documentos que prueban que el senador Félix Bautista se apropió de manera ilegal de 112 millones de dólares de los 130 contratados por el Gobierno y la empresa Sun Land sin la aprobación del Congreso Nacional.
Pero este, como otros casos, fue un intento fallido de llevar a la cárcel a los corruptos puesto que el caso fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia, considerando que el PRD no podía constituirse en parte para reclamar justicia.
Años despuúes, sobre esa decisión el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, afirmó que la sentencia del caso Sun Land, en el 2008, fue una decisión política que marcó negativamente la trayectoria de los jueces que habían sido designados en 1997.
En el 2008 Leonel Fernández se reeligió. Poco tiempo después de recibir el mandato, el presidente Danilo Medina dijo que había recibido un maletín lleno de facturas. Luego se reveló en el Palacio Nacional que la administración de Leonel Fernández había acumulado un déficit fiscal de 187 mil millones de pesos. Ante los reclamos de la ciudadanía, que salió a las calles a reclamar consecuencias y a denunciar que en gran medida ese déficit era el fruto de la corrupción de los gobiernos de Fernández (2004-2012), el presidente Medina expresó que no quería lanzar piedras "hacia atrás".
Uno de los casos de corrupción que empañó ese período de gobierno, y que hasta hoy se debate en los tribunales, es el caso de los 3,5 millones de dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de ocho aviones Súper Tucano, los cuales serían usados para combatir el narcotráfico, por un valor de US$93,697,887.60.
En este caso lo más escandaloso no es el pago del soborno, admitido por la propia empresa brasileña, sino la sobrevaluación de las aeronaves, pagadas a precios muy superiores a los establecidos en el mercado internacional para este tipo de aviones.
Por el caso guarda prisión el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini y han sido investigados el ex ministro de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, Ysrael Abreu Rosario, y Félix Del Orbe Berroa, así como las empresas Embraer, Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group.
Aduanazo I
En el 2010 explotó en Santiago de los Caballeros, el caso conocido como el Aduanazo I, donde seis personas fueron sometidas a la justicia por el caso de corrupción de RD$ 100 millones, en los almacenes de Aduanas, Almadela y Now Logistic.
Años más tarde, Jueces del Segundo Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago enviaron a prisión al hijo de un ex diputado del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a dos personas más, hallados culpables, mientras que otros tres fueron descargados, pese a que en su contra, pesaba las acusaciones de desfalco, lavado de activos, fraude, complicidad y contrabando.
Adalberto Rosa Rosario, hijo del ex diputado Adalberto Rosa, fue condenado a dos años de prisión, en tanto que Gibrand Abukarma Martínez y José Rafael Marte, fueron condenados 5 y 8 respectivamente. Herald Estevez Peña, Miguel Ángel de Jesús Lazala y Héctor Manuel García, fueron los descargados. El caso se encuentra en proceso de apelación.
Un profesor muy afortunado
Radhamés Camacho, diputado nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), fue cuestionado en 2011 por presentar una declaración jurada de bienes tan enigmática y contradictoria como astronómica para un educador de origen humilde.
Al momento de comenzar su ejercicio como diputado, Camacho declaró entre sus bienes cuentas millonarias, bienes raíces valorados en millones de pesos, ingresos millonarios por concepto de “alquiler de vivienda” que no correspondían con sus salarios devengados. Sin embargo esta denuncia solo fue motivo de noticia en Acento.com.do y otros medios.
Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa sometidos a la justicia
En el 2012, el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, interpuso formal denuncia sobre presuntos actos de corrupción en contra del ex presidente Leonel Fernández, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa a los que señala como responsables del déficit fiscal de 187 mil millones de pesos dejados por el gobierno de Fernández del 2008 al 2012. 
Sin embargo, en mayo del 2013, La Fiscalía del Distrito Nacional archivó la querella interpuesta por Moreno, y no le dio curso. El argumento fue que los hechos denunciados no estaban tipificados como delitos en República Dominicana ni estaban probados en los documentos.
Poco antes de concluir el gobierno de Leonel Fernández, la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA), sometió a la justicia a siete exfuncionarios del Seguro Médico para Maestros (SEMMA), acusados del manejo irregular de RD$540 millones.
Cuatro años más tarde, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a tres años de prisión a tres de los acusados de desfalco al SEMMA y descargados otros tres por insuficiencia de pruebas.
En el año 2012, Danilo Medina ganó su primer período presidencial, el tercero consecutivo del oficialista PLD desde 2004, luego de enfrentarse al ex presidente Hipólito Mejía y basar su campaña en prometer que “aquel funcionario de un eventual gobierno suyo que el rumor público o los medios de información acusen de prácticas corruptas será sometido a un interrogatorio público en un Consejo de Gobierno, y si no puede dar respuestas convincentes, inmediatamente será destituido”.
Sin embargo su gobierno ya cargaba con el peso de decenas de denuncias de corrupción que los peledeista habían cometido en los 12 años interrumpidos de Fernández y a estos se sumarían los nuevos escándalos de este período.
En este período presidencial, Félix Bautista fue acusado de manera formal de enriquecimiento ilícito con recursos del Estado, tráfico de influencia, evasión de impuestos, lavado y falsificación de documentos públicos y privados, en un caso cuantificado por el Procurador Francisco Domínguez Brito en más de 25 mil millones de pesos.
En el 2014 los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que conocieron el recurso de apelación al archivo definitivo del caso por corrupción que se le sigue al senador Félix Bautista, rechazaron la petición de la Procuraduría General de la República de que sea enviado a juicio de fondo el proceso en contra del legislador y otros coimputados por supuesta corrupción. El Procurador, en lugar de proseguir sometiendo un recurso de casación, optó por abandonar ese que muchos consideraron un esfuerzo importante en la lucha contra la corrupción.
Un caso que empañó directamente la gestión de Danilo Medina fue el caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), luego del suicidio en 2015 del arquitecto David Rodríguez García, quien destapó la existencia de una red de corrupción que se había enquistado en esa entidad. 
“Me dejé llevar de promesas por parte de Joel Soriano y Alejandro de los Santos, incurriendo en deudas que me son imposible de pagar, pues ellos se han ido quedando con todo”, fue la nota que Rodríguez García dejó entre sus manos llenas de sangre, luego de suicidarse en uno de los baños de la OISOE.
Ese hecho desencadenó en varias condenas de menos de diez años de cárcel y en la destitución del director Miguel Pimentel Kareh, además de una ola de manifestaciones de la sociedad civil que se expresaba hastiada de tanta corrupción y exigía el cierre de la OISOE.
El Aduanazo II
En el 2015 ocho peledeístas empleados de la Dirección General de Aduanas, fueron sometidos a la justicia implicados en el caso del robo de US$ 136, mil 557 confiscados a una pasajera en el Aeropuerto Internacional del Cibao, conocido como Aduanazo II.
Pero luego de varias audiencias, la jueza Ingrid Liberato, del Tercer Juzgado de la Instrucción, del distrito judicial de Santiago, los favoreció con un No Ha Lugar pese a la existencia de un vídeo que muestra a los hasta ahora acusados supuestamente tomando dinero del equipo de la pasajera Osairy Mercedes Quezada, proveniente de Estados Unidos, el 29 de junio del 2015.
Caso Odebrecht
En el 2016 Danilo Medina ganó la reelección presidencial y a menos de 5 meses de inaugurada su segunda gestión explotó el mayor caso de corrupción conocido hasta ahora en la historia dominicana, el caso Odebrecht.
Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 la empresa constructora Norberto Odebrecht admitió en Brasil que sobornó a varios funcionarios y gobernantes dominicanos para obtener jugosos contratos, por miles de millones de dólares.
En el país, según lo admitido por la empresa, pagó 92 millones de dólares solo en soborno para la concesión de obras. El Ministerio Público afirma en su acusación que fueron 137 millones los utilizados por Odebrecht para pagar sobornos.
Por el caso, fueron sometidos a la justicia el exministro de Industria y Comercio y dirigente del PLD Temístocles Montás, el diputado del PRM Alfredo Pacheco, el senador oficialista Julio César Valentín y los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura, exdiputado Rudy González, así como los técnicos Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes luego de dictadas las medidas de coerción correspondientes para cada caso, fueron excluidos del expediente, por supuesta falta de pruebas que lo inculpen.
Siguen en el expediente y serán sometidos formalmente: Ángel Rondón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Tommy Alberto Galán Grullón y Jesús -Chu- Vásquez (este último incluido ahora).
De los acusados hay tres que pertenecen al opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM): Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús -Chu- Vásquez; dos el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD): Víctor Díaz Rúa y Tommy Galán. El abogado Conrado Pittaluga está asociado a Díaz Rúa.
Ex alcalde condenado a 5 años de prisión por corrupción
El exalcalde de San Francisco de Macoris, Félix Manuel Rodríguez Grullón y el ex encargado de nómina del cabildo Jerson Lizardo, fueron juzgados y condenados a cinco y ocho años de prisión, respectivamente, acusados de un desfalco de más de 400 millones de pesos en el ayuntamiento municipal.
El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la provincia de Santo Domingo, donde fue remitido el caso, condenó a los ex funcionarios municipales al pago de una indemnización de 5 y 10 millones de pesos. El caso está en apelación.
Caso Inapa
Otro caso que tocó las esferas de poder del PLD, fue el de el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) Alberto Holguín acusado en 2017 de malversación de fondos, prevaricación, falsedad, desfalco, estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores; mientras que Perdomo estaba imputada por asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
Pero no prosperó ya que el tribunal consideró que el expediente presentado por el Ministerio Público carecía de sustento probatorio.
El reportaje que destapó un escándalo
"El emporio no declarado del Zar del Metro, Diandino Peña", fue el titular del reportaje de Alicia Ortega y Omaya Sosa Pascual/Noticias SIN y Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, y que motivó que en mayo de 2017 el presidente Danilo Medina destituyera al funcionario y en su lugar nombrara a Manuel Antonio Saleta García, en la dirección de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), encargada la construcción y administración del Metro de Santo Domingo.
El reportaje reveló una gran cantidad de empresas e inversiones que Diandino Peña no había declarado, y las cuales crecieron en momentos en que el funcionario dirigía la OPRET, sin embargo, el caso hasta el momento no ha sido llevado a la justicia.
El último gran escándalo de corrupción de los gobiernos del PLD, fue el de la Oficina Metropolitana de servicios de Autobuses (OMSA) por el cual guarda prisión el ex director, Manuel Rivas y el ex director financiero Faustino Rosario, luego del asesinato del abogado y profesor Yuniol Ramírez, quién supuestamente habría amenazado con sacar a la luz los casos de corrupción que ocurrían a lo interno de esa institución.
El abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, fue asesinado el pasado 11 de octubre del 2017, y su cadáver amordazado y arrojado a un río.
Argenis Contreras, ex director de compras de la OMSA y uno de los principales acusados de su asesinato fue capturado por agentes de Interpol el miércoles 11 de abril en Estados Unidos.
Decenas de dirigentes del PLD han estado ante la mirilla popular luego de que sus nombres de vieran plasmados en denuncias de corrupción contra el estado, algunos de ellos ventilados en la justicia, pocos condenados, algunos destituidos de sus funciones, y otros que sólo han sido sentados en el banquillo del juicio social, muriendo en la más mezquina impunidad que corroe todos los sistemas del Estado dominicano.
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