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Tres meses después de que estallara el caso Odebrecht, los datos que la Fiscalía ha difundido en Ecuador casi no han variado: pedido de cuatro asistencias penales internacionales, una decisión judicial que bloqueó cualquier contrato entre entidades estales y la constructora y reuniones en Washington, Perú y Colombia.
Por ahora está previsto que el 24 de marzo se reúnan, en Quito, los fiscales de estas dos últimas naciones con su par de Ecuador. Pero la Fiscalía no tiene un mes exacto para revelar los primeros datos relacionados con estas investigaciones. “Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. La justicia tiene sus propios tiempos y, por lo tanto, necesitamos de estos tiempos para dar los resultados”, señaló el fiscal general, Galo Chiriboga.
Pero en países como Colombia y Perú, sus Fiscalías ya saben detalles de cómo la empresa brasileña pagó los sobornos. En Lima, por ejemplo, un mes antes de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara el tema (21 de diciembre del 2016), los agentes fiscales accedieron a datos de Inteligencia que hablaban de presuntos pagos ilegales y que la información reposaba en EE.UU., Brasil y Suiza.
Con eso, los investigadores viajaron a Suiza, cruzaron datos, recopilaron “información importante” y en noviembre ya se abrió una indagación, contó a El Comercio de Lima el fiscal anticorrupción de Perú, Hamilton Castro.
Ahora se sabe que Odebrecht ingresó dinero al Perú a través de tres compañías ‘offshore’, que la Fiscalía de esa nación probó que están relacionadas con el esquema de corrupción. Por ello están presas cuatro personas, incluido un exministro de Estado. Mientras que el expresidente Alejandro Toledo está prófugo de la justicia. El trabajo de fiscales peruanos en Suiza desveló que el exjefe de Estado recibió USD 20 millones (entre 2005 y 2008), a través de un amigo.
En Colombia, en cambio, las indagaciones comenzaron mucho antes: en marzo del 2016, apenas se conoció que la justicia brasileña condenó a Marcelo Odebrecht a 19 años. Los investigadores rastrearon los grandes contratos que mantuvo la constructora en esa nación, entre 2009 y 2014, e identificaron el proyecto Tramo Dos, de la Ruta del Sol. Pero las capturas inmediatas expusieron más detalles.
El exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, hoy preso en la cárcel de La Picota, reconoció que ayudó a Odebrecht para quedarse con Ruta del Sol Sector II. Diario El Espectador expuso cómo la Fiscalía descubrió que el excongresista Otto Bula fue contratado por la constructora para hacer “lobby político” y ejercer presión desde el Congreso, para que se firmara el contrato en la Ruta del Sol.
A Bula, hoy preso por los sobornos, le habrían pagado USD 4,6 millones, que fueron girados desde Brasil a dos sociedades en Asia y que, al parecer, utilizaron a una empresa para meter dinero a Colombia.
En Panamá, en cambio, las primeras diligencias se ejecutaron en junio del 2015, luego de que un abogado particular presentara una denuncia en contra de los directivos de la constructora en ese país. Esa querella fue entregada días después de la captura de Marcelo Odebrecht, en Brasil. Ese país conformó un equipo de fiscales anticorrupción que rastrea la ruta de las coimas. Actualmente, esa nación tiene abiertos 108 procesos en contra de la constructora.
La mayor cantidad de procesados está en Brasil, luego de las versiones entregadas por 77 exdirectivos de Odebrecht. Y hasta ayer se esperaba una nueva lista de posibles implicados. Eso originó una creciente tensión, pues el escándalo “salpicaría a varios ministros y decenas de legisladores”, reportaba la agencia EFE.
El procurador general, Rodrigo Janot, ha dicho que puede presentar esa lista a la Corte Suprema en cualquier momento, aunque no ha confirmado cuándo lo hará. Los datos que se conozcan en Brasil no se divulgarán de inmediato sino desde junio, cuando se levante la reserva de las delaciones.
Por eso, en Ecuador, el fiscal Galo Chiriboga ha dicho que el país entienda que las investigaciones son reservadas y que no se quiere tapar a nadie. Por ahora tampoco está claro el posible acuerdo para cobrar una indemnización a la empresa brasileña. El Fiscal ha manifestado que un posible acuerdo deberá tener la conformidad legal de la Procuraduría General. Este ente indicó que la competencia les correspondería a las autoridades de instituciones que suscribieron los contratos y que de esos contratos resultaron perjuicios.
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