SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Junta Central Electoral debe “frenar el activismo electoral del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez”, quien, al “dirigir la campaña del PLD (Partido de la Liberación Dominicana), actúa en violación del artículo 196 de la ley electoral”, denunció el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM)
La norma legal le “prohíbe utilizar las instituciones u órganos del Estado para promover candidatos o partidos a cargos de elección popular”, dice una declaración de la Comisión Ejecutiva de ese partido,
El PRM sostuvo que el primer mandatario prometió en una reunión del Partido de la Liberación Dominicana que, “a partir de ahora, los recursos llegarán a todos los candidatos, incluyendo a vocales, regidores, directores y alcaldes”.
La Ley estable que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno nacional o municipal no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular”, recordó el PRM.
Por ello, agrega, “la Junta Central Electoral está en la obligación de investigar y corregir estas graves violaciones para garantizar un clima de equidad y transparencia en el actual proceso electoral, ya que de no hacerlo permitirá que la sociedad pierda totalmente la confianza en su capacidad para actuar como árbitro con de este certamen democrático”
La declaración la suscribe el vocero de su Comisión Ejecutiva de ese partido, Tony Raful, en nombre de la Dirección Ejecutiva del PRM.
El texto dice:
En el acto público del 14 de los corrientes el presidente de la República DANILO MEDINA actuando como director de las campañas del candidato Gonzalo Castillo y los candidatos municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) olvidó que en su condición de principal responsable del manejo de los fondos públicos de la nación, la Ley No.15-19 del Régimen Electoral vigente, le prohíbe realizar actividad política proselitista según reza su artículo 196, Párrafo III, cuando dice, meridiana claridad:
“Artículo 196.- De la Publicidad en los Actos de Gobierno. Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno nacional o municipal, no podrá contener elementos que promuevan directa o indirectamente la motivación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos de elección popular.
Párrafo I.- No podrán utilizarse las instituciones u órganos del Estado para desde ellos promover candidatos o partidos a cargos de elección popular.
Párrafo II.- Se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social, ayuda comunitaria o de servicios públicos habituales que estén contemplados en la planificación regular del Estado los cuales podrán desarrollarse conforme dicha planificación. No podrán ser aumentados ni los beneficiarios ni los montos asignados a estos.
Párrafo III.- Los funcionarios públicos que administran recursos del Estado, no podrán prevalerse de su cargo, para desde el realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio. “
La Junta Central Electoral (JCE) está en la obligación de investigar estas graves violaciones con el propósito de aplicar la ley, y estar en condiciones de garantizar un clima de transparencia en el presente proceso que vive la nación, de no hacerlo, permitirá que la sociedad pierda totalmente la confianza en su capacidad para dirigir adecuadamente estas citas cívicas del 16 de febrero y el 20 de mayo próximos.
Todas las encuestas revelan que el 71% del pueblo dominicano ansía un cambio político en la actualidad, no obstante, los funcionarios del actual gobierno persisten en los mismos abusos y prevaricaciones que viene cometiendo durante 17 años.
En este orden, ante las supuestas recaudaciones millonarias anunciadas por el candidato Gonzalo Castillo, el PRM exige una exhaustiva investigación de la Junta Central Electoral (JCE), para determinar o negar su veracidad, despejando la sospecha de que son pagos diferidos por favores, sobrevaluaciones u otros actos indebidamente concedidos.
La sociedad dominicana, a todos los niveles, se prepara para producir el CAMBIO DE GOBIERNO QUE NECESITA en este momento, respondiendo con la consigna VERGÜENZA CONTRA DINERO, aquella vieja frase que usara el profesor Juan Bosch para fortalecer la conciencia de los votantes en el proceso del 1962, al nacer el proceso democrático de la República Dominicana.
Ante la gravedad de estos hechos el PRM y sus aliados, esperan una repuesta de la Junta Central Electoral, a la par de la magnitud de las violaciones cometidas.