Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, pidió hoy a los funcionarios que participan en la campaña electoral a favor de alguno de los candidatos que tengan "cuidado" para no incurrir en irregularidades.
Castaños resaltó que alguno de estos funcionarios incluso trabajan en bancos estatales, por lo que "tienen una situación fiscal contributiva y tienen que tener delicadeza y un poco de cuidado".
"La Junta Central tiene que velar porque esto sea equilibrado. Sabemos que los fondos públicos no circulan con la bondad y equilibrio que debería ser en una vida ideal. Porque definitivamente hay personas con más recursos que otros", dijo Castaños a periodistas después de visitar al expresidente Hipólito Mejía.
La Ley 41-08 de Función Pública en su artículo 80, numeral 13 prohíbe a los funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.
El responsable de la JCE recordó que "hay topes de gasto y fuentes de financiamiento que si se utilizasen son ilícitas".
Sin citar a ningún aspirante en concreto, Castaños dijo que el candidato que está gastando dinero "tiene que declarar cuánto gastó y quién le dio el dinero".
En ese sentido, recalcó que las empresas no pueden aportar fianciamiento a la campaña y también señaló que las contribuciones privadas están limitadas al 1 % del tope, por lo que los candidatos a las elecciones presidenciales no pueden recibir aportes que superen los 5,19 millones de pesos.
La semana pasada el precandidato Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), designó a su equipo político de cara a las primarias del 6 de octubre próximo.
En ese equipo de campaña figuran el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, y el director de general de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, así como varios ministros del actual Gobierno.
También ha designado como coordinadores y miembros de su equipo político a los ministros de Agricultura, Turismo, Cultura, Industria y Comercio, Economía, Planificación y Desarrollo, Interior y Policía, Educación, Salud, Administración Pública, Medio Ambiente, Ministerio de la Juventud y Administrativo de la Presidencia”.
La Ley 41-08 de Función Pública en su artículo 80, numeral 13 prohíbe a los funcionarios públicos servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución.
Ministros trabajan en campaña
El pasado viernes, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) exigió que tomen licencia o renuncien a sus funciones estatales todos los ministros y otros funcionarios integrados a la campaña del precandidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo.
Esa instancia, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, sostuvo que con estas designaciones se está perpetrando “una violación» a diferentes leyes, además de que «rompe la equidad» y, principalmente, «constituye un indicio del uso (corrupto) de recursos del Estado”.
“A través de nuestro programa de Observación Electoral hemos podido constatar -asegura PC- que el uso de los recursos del Estado en beneficio del precandidato Gonzalo Castillo ha llegado a niveles intolerables al involucrar a los titulares de los principales ministerios, organismos descentralizados y direcciones generales".
Participación Ciudadana sostuvo que la asignación de "tareas electorales territoriales", implica "una clara violación a la Ley de Función Pública y a las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral”.
Ley "no prohíbe" proselitismo
Ante la denuncia del capítulo dominicano de Transparencia Internacional, el ministro de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, aseguró que ley de Función Pública 41-08 no prohíbe a los servidores públicos realizar proselitismo político fuera de sus funciones.
Sobre el particular, el funcionario indicó que las restricciones que impone se refieren al impedimento de actividades políticas en los lugares de trabajo, el uso de recursos del Estado y la exhortación a empleados a participar en actos partidistas.
El titular del Ministerio de la Administración Pública, órgano rector del empleo público y del fortalecimiento institucional, destacó que el artículo 80 que establece prohibiciones a los servidores públicos no toca sus derechos ciudadanos de participación política consagrados en la Constitución y que pueden ejercer después de la jornada laboral, a partir de las 4:00 de la tarde.
Al precisar las prohibiciones establecidas en la ley 41-08, Ventura Camejo recordó que el artículo 83.9 de esa legislación sanciona “realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros bienes con fines políticos en los lugares de trabajo”, pero no impide que fuera del horario laboral el funcionario ejerza sus derechos ciudadanos.
Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, junto al de Interior y Policía, José Ramón Fadul (Monchy), son los miembros del equipo de campaña del precandidato Gonzalo Castillo responsables del llamado "sur corto".